La polémica se encendió cuando, en un comunicado emitido este martes, la Cancillería argentina expresaba que, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, votaría a favor del trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, e instaba al Gobierno de Nicolás Maduro a "implementar íntegramente" las recomendaciones de sus informes y a apoyar investigaciones "imparciales y transparentes" sobre las "alegaciones de violaciones a los derechos humanos".
Este hecho fue definido como un "lamentable giro" de la política exterior de Argentina por Alicia Castro, exembajadora en Venezuela y el Reino Unido durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta del país y líder del sector kirchnerista dentro del peronista Frente de Todos.
Ya el martes, Castro, afín al kirchnerismo, reprochó en Twitter que el canciller Felipe Solá votó "la Resolución del Grupo de Lima" —en referencia a la alianza de países con gobiernos de centro derecha que desconoce el régimen chavista— "condenando a Venezuela, con Bolsonaro, Duque, Piñera, Vizcarra, en cuyos países se violan flagrantemente los Derechos Humanos".
Este miércoles se conoció que Castro, que había sido propuesta por el Gobierno de Fernández para ser embajadora en Rusia pero su pliego aún no llegó a ser aprobado por el Senado, decidió presentar su renuncia a ese cargo por no estar de acuerdo con la actual política de relaciones exteriores.
Durante los Gobiernos de los Kirchner, en los que Alberto Fernández fue jefe de Gabinete de ministros, Argentina mantuvo una estrecha relación con la Venezuela chavista, aunque Mauricio Macri (2015-2019) se alzó como uno de los adalides contra la "dictadura" de Maduro en el Grupo de Lima.
Con su triunfo electoral, Fernández, que siempre ha reconocido a Maduro, decidió no abandonar el Grupo de Lima al justificar que en esa plataforma el país también podría expresar su postura, inclinada a favorecer el diálogo político en el país caribeño para lograr una salida a su dilatada crisis económica, política y social desde la no intervención exterior, y para condenar los bloqueos hacia ese país.