El juez Iván León, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dispuso que este miércoles se cursen los oficios a las autoridades policiales par la "inmediata localización y captura" de Rafael Correa, en un caso conocido como "Sobornos 2012-2016", por el cual también perdió su derecho a participar en elecciones.
Además de Correa, la orden pesa sobre su exvicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de corrupción) y otros ex altos cargos y varios empresarios también envueltos en la trama de corrupción, que ellos niegan.
El magistrado también ordenó que se remita un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la condena dispone "la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena". Asimismo, decidió enviar al Ministerio de Economía una orden para que se elimine la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas por haber sido presidente y vicepresidente.
También ordena que las instituciones pertinentes tomen nota de los montos sobre la indemnización a las víctimas (el Estado) del delito, y sobre el decomiso de bienes para cumplir con la "reparación integral" por un monto global de 14.745.297,16 dólares. En el caso de Correa y otros condenados como autores o coautores del delito, se impone un pago de 778.224,017 dólares a cada uno, mientras que una cuantía de 368.632,43 a los cómplices.
En cuanto a la decisión de condenar a los acusados con "medidas de reparación simbólica", el tribunal manifestó que señalará hora y día para que lo hagan en la Plaza de la Independencia, en el casco colonial de Quito. Asimismo, deberán colocar una placa en el Palacio presidencial de Carondelet, en el centro de la capital, con el siguiente texto en español y quichua: "Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética".
El pasado día 7, un Tribunal de Casación de la Corte Superior de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por Correa y otros imputados, por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión.
El caso investigó una red de corrupción mediante la cual se recibieron aportaciones "indebidas" en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político gobernante en ese momento, Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.