Según confirmó el abogado de Álex Saab, José Manuel Pinto Monteiro, Baltasar Garzón integrará el equipo legal del empresario y le defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país insular de África occidental.
En concreto, el exjuez, que ejerce como abogado, va a "liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela", explicó Pinto por teléfono a EFE en Praia, la capital caboverdiana.
Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago "un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen" de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal. El valor de la indemnización que se planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.
La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición. En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" en Cabo Verde para volver al país. El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos "habeas corpus", alegando su "encarcelamiento ilegal", pero ambos fueron desestimados. El abogado Pinto sostiene que el empresario "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde".
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Acusación de EEUU
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.