Diputados argentinos presentan un proyecto para quitar a Evo Morales el estatus de refugiado

En declaraciones en Argentina el domingo, Evo Morales apuntó que fue "un error garrafal" no contar con un "plan B" para sofocar las revueltas tras las elecciones del 20 de octubre, que a la postre terminaron desencadenando su dimisión y su salida del país. "Si de acá a poco tiempo, si volviera, hay que organizar –como en Venezuela– milicias armadas del pueblo", aseguró, ya que, en su opinión, se produjeron actos violentos sin que la Policía actuara.

Ante ello, los tres diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) detrás de la propuesta –Alfredo Cornejo, Gustavo Menna y Luis Petri–sostuvieron que las recientes declaraciones de Morales suponen "una franca violación a los principios constitucionales y democráticos vigentes" en Argentina.

En este sentido, argumentaron que estas palabras "confrontan directamente con lo que dispone el artículo 36 de la Constitución e instrumentos internacionales de jerarquía supralegal que repudian la violencia armada". "Además, contradicen también lo dispuesto en los artículos 2 del Estatuto de los Refugiados adoptado en Ginebra en 1951 y 16 de la Ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado", agregaron.

Por su parte, Cornejo recalcó que los latinoamericanos "han pagado caro la violencia política". "No creo que estas manifestaciones de Evo Morales ayuden en lo más mínimo a la paz interna en Bolivia. Es una provocación innecesaria", expresó. Petri dijo además que "es incomprensible que el Gobierno sostenga la condición de refugiado a Evo Morales cuando ha demostrado no tener ningún interés en cumplir con las obligaciones que le impuso el país al momento de su ingreso".

Durante la jornada del martes, la ministra de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, envió una carta a su homólogo argentino, Felipe Solá, en la que solicitó al Gobierno del presidente, Alberto Fernández, que repudie las palabras de Morales. Longaric consideró que las declaraciones de Morales llaman a la "violencia" contra el Gobierno interino de la presidenta, Jeanine Áñez, y el pueblo boliviano, y constituyen, a su juicio, "graves delitos de sedición, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración e, incluso, configuran terrorismo".