El Ministerio de Exteriores de Bolivia hizo este anuncio en un comunicado emitido en respuesta al que difundió más temprano la Delegación de la Unión Europea (UE) en el país rechazando la decisión de declarar personas no gratas a la encargada de Negocios y el encargado de la sección consular de la Embajada de España.
"Bolivia desea superar este impasse a la brevedad y mantener estrechas relaciones con el Reino de España, en el marco del tradicional respeto y la amistad que siempre las han caracterizado", señala el comunicado de la Cancillería boliviana. "Para este cometido, el Gobierno Constitucional de Bolivia acreditará en la Embajada de Bolivia en Madrid a un alto representante diplomático", agrega la nota.
La Cancillería boliviana reiteró que los hechos del pasado 27 de diciembre "condujeron a declarar 'persona non grata' a dos diplomáticos" españoles. Aquella situación ha sido "debidamente explicada en el comunicado emitido" en esa fecha por el Ministerio de Exteriores de Bolivia "y de ser necesario brindará la información adicional que se le requiera", indica la nota.
La Cancillería boliviana reiteró "su pleno respeto al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" y reconoció la "importante labor" que desarrolla la UE en diversas áreas, además de su apoyo "al proceso de elecciones libres y transparentes" en Bolivia en 2020. También aseguró que el Estado boliviano "ha tenido y tiene excelentes relaciones" con el bloque europeo y sus Estados miembros "y desea mantenerlas en ese alto nivel".
El Gobierno de Jeanine Áñez declaró el lunes personas no gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a otros funcionarios.
El Ejecutivo interino los acusó de haber dañado la soberanía boliviana por la visita de los diplomáticos españoles acompañados de individuos "encapuchados" y "presumiblemente armados" a Mercado en su residencia en La Paz el pasado viernes. En la residencia mexicana se encuentran asiladas desde noviembre alrededor de una decena de exfuncionarios de la Administración del expresidente Evo Morales, varios de ellos acusados por el Gobierno de Áñez por delitos como terrorismo.