"Ha aumentado la represión física, jurídica y psicológica" del Ejecutivo presidido por Miguel-Díaz Canel contra quienes "se proponen construir relatos del país distintos al estatal hegemónico", denuncia el texto, suscrito por 55 ciudadanos y que ya supera el medio millar de firmas en la página web Avaaz.org.
Bajo el título "Garantías para ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba", el documento denuncia desde "prohibiciones de salir del país" hasta "acoso físico y digital", "intimidación a familiares" y "detenciones arbitrarias y encarcelamientos", entre otras prácticas que atribuye a las autoridades contra los informadores críticos con el Gobierno.
Uno de ellos, el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, de 61 años y colaborador habitual del periódico online Cubanet con sede en Miami, entró en prisión el miércoles de la semana pasada tras ser condenado a un año de cárcel en la provincia oriental de Guantánamo. Quiñones aseguró haber sido detenido en abril sin motivo aparente, conducido a la comisaría y golpeado en varias ocasiones, en las que le habrían lesionado el tímpano y causado hematomas, mientras la Fiscalía interpretó que se había resistido al arresto y el Tribunal lo condenó por "resistencia y desobediencia".
En las últimas semanas varios periodistas de medios online independientes en Cuba (cuya existencia toleran las autoridades aunque el acceso a sus páginas web suele estar bloqueado en la isla) también han denunciado coacciones y que se les prohíbe salir del país.
Periodistas de portales independientes cubanos como El Estornudo, 14ymedio o El Toque forman parte de los 55 suscriptores de la petición en Avaaz, junto con otros de medios editados en el extranjero como Cibercuba, así como activistas de plataformas disidentes como Movimiento San Isidro, académicos y profesionales.
La petición de los 55 concluye solicitando a las autoridades "el cese de la represión contra quienes ejercen las libertades de prensa y expresión", "la eliminación de los recursos legales que restringen y criminalizan el ejercicio de tales libertades" y "el establecimiento de garantías jurídicas para ejercerlas", además de la "liberación inmediata" de Quiñones.