El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió este lunes declarar en desacato y solicitar el levantamiento de la inmunidad del jefe del Parlamento, Juan Guaidó –reconocido como presidente interino del país por unos 60 gobiernos–, y remitir la documentación para dicho efecto a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Apenas 24 horas después, la ANC aprobó por unanimidad de sus miembros en un "decreto constituyente" la "continuación del juicio" a Guaidó, refiriéndose al artículo de la constitución relativo a la inmunidad parlamentaria.
El punto primero del decreto establece "autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (...) de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Dicho artículo establece que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá "en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento".
"Esto es parte de la historia nuestra", dijo el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, al celebrar la adopción de la medida en un decreto en el que no se mencionó formalmente el término inmunidad. "Queda el Supremo autorizado y démosle el tiempo a la justicia", agregó Cabello.
El chavista defendió la tramitación de la notificación del Supremo a través de la ANC afirmando que la Asamblea Nacional, declarada en desacato por el máximo tribunal, no funciona. "No hay una Asamblea Nacional en ejercicio, está en desacato"; esto pese a que es la única representación legislativa reconocida por gran parte de los países de la región, EEUU y la Unión Europa.