Citan a Cristina Fernández para ampliar su declaración en el caso de sobornos

En una resolución divulgada por el Centro de Información Judicial, el magistrado Claudio Bonadio señaló que según los elementos de prueba incorporados a la causa y lo declarado por los imputados, entre ellos los llamados "arrepentidos", hay "elementos suficientes" para que en los próximos días se amplíe la declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner y otra decena de acusados.

Entre ellos el ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio de Vido (ya en prisión preventiva por otra causa), el secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, y Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería. Además, Bonadio citó por primera vez y para finales del próximo mes a los militantes kirchneristas Eduardo Wado de Pedro, José Ottavis y Andrés Cuervo Larroque y al empresario Sergio Szpolski.

La expresidenta y actual senadora ya acudió a los tribunales federales el pasado 13 de agosto, donde presentó escritos en los que negó haber recibido coimas, recusó al juez y al fiscal y apuntó contra el actual Gobierno de Mauricio Macri por la "persecución" que dice estar sufriendo y que cree busca su proscripción política.

No obstante, al conocerse la nueva citación del juez, Fernández, cuyos domicilios habituales en Buenos Aires y el sur del país fueron registrados en la última semana en busca de pruebas, volvió a criticar que con su situación se busca tapar la realidad económica del país, marcada por una abrupta devaluación del peso.

En la madrugada del pasado sábado, y por primera vez desde que se destapó el escándalo, el pasado 1 de agosto, el Poder Judicial publicó de forma detallada los pormenores de la causa en la que está imputada la exmandataria, que se suma a otros cinco expedientes en los que está procesada, la mayoría por presunta corrupción. En ese texto, Bonadio remarcaba que Kirchner -fallecido en 2010- y Fernández fueron, junto a De Vido, los "verdaderos beneficiarios" de la supuesta red de sobornos.

El caso se inició por unas anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y de Baratta, que llegaron mediante un anónimo a la Justicia. Todo ello daba cuenta, según la información difundida, de la existencia de una "organización delictiva" conformada por funcionarios públicos y comandados por el matrimonio presidencial y su ministro al menos entre los años 2008 y 2015, un lapso que hoy Bonadio extendió a 2003.

En sus anotaciones, Centeno daba cuenta de cómo trasladaba en su auto los cobros realizados por Baratta y cinco funcionarios más a empresarios, para entregarlos (tras percibir el porcentaje que les correspondiera) a otros funcionarios que "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido". "Procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado", remarcó el tribunal.