En una resolución divulgada por el Centro de Información Judicial, el magistrado Claudio Bonadio señaló que según los elementos de prueba incorporados a la causa y lo declarado por los imputados, entre ellos los llamados "arrepentidos", hay "elementos suficientes" para que en los próximos días se amplíe la declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner y otra decena de acusados.
Entre ellos el ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio de Vido (ya en prisión preventiva por otra causa), el secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, y Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería. Además, Bonadio citó por primera vez y para finales del próximo mes a los militantes kirchneristas Eduardo Wado de Pedro, José Ottavis y Andrés Cuervo Larroque y al empresario Sergio Szpolski.
La expresidenta y actual senadora ya acudió a los tribunales federales el pasado 13 de agosto, donde presentó escritos en los que negó haber recibido coimas, recusó al juez y al fiscal y apuntó contra el actual Gobierno de Mauricio Macri por la "persecución" que dice estar sufriendo y que cree busca su proscripción política.
No obstante, al conocerse la nueva citación del juez, Fernández, cuyos domicilios habituales en Buenos Aires y el sur del país fueron registrados en la última semana en busca de pruebas, volvió a criticar que con su situación se busca tapar la realidad económica del país, marcada por una abrupta devaluación del peso.
En la madrugada del pasado sábado, y por primera vez desde que se destapó el escándalo, el pasado 1 de agosto, el Poder Judicial publicó de forma detallada los pormenores de la causa en la que está imputada la exmandataria, que se suma a otros cinco expedientes en los que está procesada, la mayoría por presunta corrupción. En ese texto, Bonadio remarcaba que Kirchner -fallecido en 2010- y Fernández fueron, junto a De Vido, los "verdaderos beneficiarios" de la supuesta red de sobornos.
El caso se inició por unas anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y de Baratta, que llegaron mediante un anónimo a la Justicia. Todo ello daba cuenta, según la información difundida, de la existencia de una "organización delictiva" conformada por funcionarios públicos y comandados por el matrimonio presidencial y su ministro al menos entre los años 2008 y 2015, un lapso que hoy Bonadio extendió a 2003.
En sus anotaciones, Centeno daba cuenta de cómo trasladaba en su auto los cobros realizados por Baratta y cinco funcionarios más a empresarios, para entregarlos (tras percibir el porcentaje que les correspondiera) a otros funcionarios que "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido". "Procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado", remarcó el tribunal.