La solicitud fue realizada por el Sindicato de los Comisarios de la Policía Federal de Paraná, que pidió en un comunicado trasladar a Lula da Silva a un local que ofrezca "condiciones de seguridad y que no provoque trastornos y riesgos tanto a la población como a los agentes federales".
Fuentes de ese sindicato sugirieron una unidad de las Fuerzas Armadas de Brasil como el lugar idóneo para la reclusión de Lula, quien actualmente cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná (sur).
Desde el ingreso en prisión del exjefe de Estado (2003-2010), cientos de simpatizantes han llegado a la capital paranaense para instalarse en el campamento bautizado como "Lula Libre", que pretende permanecer en pie hasta la liberación del carismático líder. "Hay comprobados riesgos a la población que reside en torno al edificio de la Policía Federal, a los agentes federales y al resto de los integrantes del sistema de Seguridad Pública que viven en las inmediaciones" del recinto en razón de la "invasión" de seguidores de Lula, señaló el sindicato en la nota.
La entidad también indicó que "algunos invasores, que ya se instalaron con tiendas de campañas", están promoviendo "acciones en el sentido de intimidar" a los moradores, que han informado a las autoridades que "temen por la seguridad de sus familias" tras recibir "amenazas" de los manifestantes.
El Partido de los Trabajadores (PT), que Lula fundó en 1980, trasladó temporalmente su sede a la ciudad de Curitiba como una muestra de solidaridad hacia su máximo líder y para reafirmar la candidatura de este para las elecciones presidenciales del próximo octubre.
Lula está recluido desde la noche del sábado en una celda especial de 15 metros cuadrados en cumplimiento de la orden judicial dictada por el juez federal Sergio Moro, quien condenó a Lula el año pasado a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero tras dar por comprobado que se benefició de las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras por medio de la cesión de un lujoso apartamento en el litoral paulista.
Esa pena fue ratificada y ampliada en enero pasado hasta los 12 años y un mes de prisión por un tribunal de segunda instancia que determinó su ingreso en prisión una vez agotados todos los recursos en esa corte.