Perú se prepara para una larga sesión parlamentaria que podría destituir al presidente

Ante la celeridad del proceso iniciado en el Parlamento, Pedro Pablo Kuczynski pidió a su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, también designado embajador en Canadá en septiembre último, que regrese a Lima para reunirse con él en Palacio de Gobierno.

Vizcarra, en declaraciones a los periodistas, reiteró su lealtad al mandatario y confió en que "se aclaren todos los conceptos que generen duda en la población", respecto a la relación de Kuczynski con la empresa constructora brasileña Odebrecht. El primer vicepresidente deberá suceder a Kuczynski en el caso de que el Parlamento lo destituya este jueves, si esa propuesta reúne el voto de 87 legisladores de un total de 130 representantes.

La destitución por "incapacidad moral permanente" es una figura contemplada en la Constitución peruana y que permite inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como sucedió en 2000, cuando el expresidente Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón.

La bancada mayoritaria en el Congreso, formada por la fujimorista Fuerza Popular, adelantó su respaldo a Vizcarra para que asuma la presidencia de la República, en caso de aprobarse la destitución de Kuczynski. Esa petición se presentó por parte del izquierdista Frente Amplio, con el respaldo de Fuerza Popular, el Partido Aprista, y Alianza por el Progreso, entre otros grupos.

Vizcarra participó en la sesión del Consejo de Ministros junto a la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que preside el gabinete, y otros asesores del mandatario, en medio de fuerte resguardo policial y la atención de los medios de comunicación.

El jefe de Estado pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el envío de un observador para que haga seguimiento al proceso de destitución iniciado por el Congreso.

En entrevista a varios canales de televisión, Kuczynski aseguró el domingo que no ha mentido como lo acusa el Congreso de intentar ocultar consultorías de su empresa Westfield Capital a la brasileña Odebrecht por las que la constructora pagó más de 782.000 dólares entre 2004 y 2007, cuando era ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). "Se me acusa de cosas que sucedieron años atrás. No he cometido ningún crimen. No he hecho corrupción, ni he creado cuentas ficticias en paraísos fiscales. Todo está fiscalizado, reportado y tributado", dijo el mandatario.

Sin embargo, Kuczynski reconoció que obtuvo dividendos como dueño de la empresa con esos contratos que aseguró desconocer hasta esta semana, pues reiteró que, mientras era ministro, su empresa estaba gestionada por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien firmó los contratos con Odebrecht.

Sepúlveda declaró este miércoles, en entrevista con el diario El Comercio, que las transacciones fueron originadas y gestionadas por él sin participación alguna de entes del entonces gobierno peruano. "La concesión (del trasvase del proyecto de irrigación Olmos) requería un financiamiento y yo lo estructuré con el Banco de Crédito", explicó el exsocio del mandatario. "Que Kuczynski haya sido ministro no iba a cambiar la tasa de interés de los bonos ni cambiar la demanda. No tenía ninguna injerencia", aseguró.

El caso Odebrecht ha involucrado a los últimos tres gobiernos de Perú dado que la empresa ha admitido millonarios sobornos para adjudicarse grandes obras públicas en el país entre 2005 y 2014, un lapso que corresponde a los periodos de presidencia de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Toledo tiene una orden de captura por supuestamente recibir 20 millones de dólares en sobornos, García es investigado por dádivas en el Metro de Lima y Humala está en prisión preventiva, junto a su esposa Nadine Heredia, por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.