Según fuentes judiciales, el magistrado federal Claudio Bonadio, que ya encabeza otras causas que afectan a Cristina Fernández de Kirchner, dictó su procesamiento por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió su detención al considerar que puede entorpecer la causa. También ordenó sobre ella un embargo de 50 millones de pesos (unos 2,88 millones de dólares).
La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad a Fernández -que juró su cargo el 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.
El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman vertió en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones aún se investigan en los tribunales, que apuntan a que el procurador fue asesinado.
Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.
En un dictamen de casi 500 páginas, Bonadio dictó otros procesamientos, varios de ellos con prisión preventiva: al exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el sindicalista Luis D'Elía, que ya fueron arrestados, y otorgó la prisión domiciliaria al excanciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud.
También fueron detenidos Jorge "Yussuf" Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, y el dirigente político Fernando Esteche, al considerar que el delito imputado fue orquestado por la cúpula del Gobierno pero contó con la colaboración de distintos funcionarios.
Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta en 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con el polémico acuerdo en el centro de atención, y dirigida por Bonadio. Aquel pacto bilateral nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.
Rechazo de la expresidenta
Tras conocer la decisión del juez, Cristina Fernández se consideró víctima de una "persecución" y calificó de un "exceso" y una violación del estado de derecho. "Estas medidas degradan aún más a la Justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", opinó Fernández, quien hace poco más de una semana juró su cargo como legisladora.
"Lo que realmente se acordó para el memorándum (con Irán) fue lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaraciones indagatorias", destacó Fernández, quien añadió que la causa por el ataque estaba "totalmente paralizada" porque Irán no extraditaba a los acusados.
"En realidad lo que hicimos, además de favorecer el hecho de que se pudiera tomar declaración a los acusados, era actuar en el marco de derecho internacional", destacó sobre el pacto bilateral, que nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional. Según ella, estas medidas "no solo violan el Estado de derecho", sino que buscan provocar "daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias y a sus ideas".
"No hay causa, no hay delito ni motivo. Se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe y el presidente Macri lo sabe", subrayó.