La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, elegida en unas elecciones fraudulentas el pasado 30 de julio, decidió por unanimidad arrogarse las competencias para legislar del Parlamento, controlado por una mayoría opositora. En la práctica, la Constituyente ya funcionaba como un parlamento paralelo, legislando al margen de la cámara legítimamente elegida.
La ANC adoptó esta decisión después de que la dirección del Parlamento venezolano rechazase acudir este viernes a una reunión convocada por la Constituyente, el instrumento que, denuncia la oposición, está utilizando Maduro para consolidar una dictadura en el país
Mediante decreto, la ANC aprobó "asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos".
También lo hizo "para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución", según el texto, que alega el poder supraconstitucional de la ANC para emitir decisiones incontestables.
Los más de 500 representantes de la ANC celebraron entre aplausos esta declaración, que deberá ser publicada en la Gaceta Oficial y comunicada a la dirección del Parlamento, que preside el opositor Julio Borges.
Borges firmó una carta abierta difundida este viernes, en nombre de los diputados, en la que se denuncia que la ANC "no es una auténtica Asamblea Constituyente", sino "un poder de facto" que "pretende perpetuar" a Maduro en el poder, que fue "avalada por 2 millones de personas" nada más, y no por los 8 millones que, conforme al Poder Electoral, eligieron a sus miembros el 30 de julio.
En la nota, el Parlamento cita los motivos por los que repudia la ANC, instaurada por el oficialismo el 4 de agosto sin un referendo previo de aprobación, que ha cesado ya a la que era fiscal general, Luisa Ortega, crítica con Maduro, y que amenaza con llevar a la cárcel a líderes opositores.
El Parlamento es el único de los cinco poderes reconocidos en la Constitución venezolana que no se ha subordinado a la Constituyente, después de que lo hicieran el propio presidente Maduro y los titulares de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, todos señalados por la oposición de servir al Gobierno.