El vicepresidente del Gobierno de Venezuela, el oficialista Tareck el Aissami, amenazó con la justicia militar a aquellos que obstaculicen la elección de la Asamblea Constituyente que promueve el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
El oficialismo ha catalogado de fraude la iniciativa electoral opositora y la tilda de antesala de un plan golpista, en tanto que la oposición apunta a que "la dictadura" de Maduro busca perpetuarlo en el poder de forma fraudulenta: "La derecha ha dicho que durante la votación del 30 de julio va a cerrar algunos centros electorales" que, por orden militar, serán "zonas de seguridad nacional y, en consecuencia, cualquier delito que allí se cometa será sancionado por la justicia militar", advirtió el vicepresidente.
La oposición sostiene que el proceso para elegir dentro de dos semanas a 537 redactores de una nueva Carta Magna –todos aparentemente oficialistas– apunta a acabar del todo con la democracia, por lo que el Gobierno advierte de planes violentos. "El que cometa el día 30 algún delito en zonas de seguridad recibirá una pena de cárcel entre 5 y 10 años", advirtió Aissami, aunque dijo confiar en que "no habrá fascista que se atreva a meterse con nuestro proceso" si el sector oficialista se moviliza.
La única forma de evitar un boicot o sabotajes el día de esta elección es "la gran movilización de calle del pueblo y su voto" y el Gobierno de Maduro "se lo exige al pueblo", dijo. "Tenemos la moral para exigir al pueblo el voto en defensa de la Revolución Bolivariana (...) porque no le hemos fallado a nadie; le exigimos al pueblo lealtad histórica con la Revolución", ordenó y nombró expresamente a "todos los trabajadores de la administración pública". "Les hemos incrementado el salario, les hemos dado todo nuestro apoyo por lo que ahora le podemos decir: 'ahora te toca a ti'", insistió.