La fiscal general de Venezuela insiste y pide al Supremo que anule la Constituyente

Según informó su oficina en un comunicado, la fiscal general de Venezuela interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recursos de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y se establecieron sus bases electorales. Luisa Ortega Díaz recurrió también ante el Tribunal Supremo decisiones del Poder Electoral relacionadas con ese proceso, según la nota hecha pública por su oficina.

Con estos serían cinco los recursos presentados por la titular del Ministerio Público contra la ANC, ya que los dos primeros han sido negados por la máxima corte. En esta ocasión la fiscal "demandó la nulidad" del decreto a través del cual Maduro convocó a la ANC, y señala que el jefe de Estado solo "puede sugerir o proponer la realización de dicho proceso para redactar un nuevo texto fundamental", pero no llamar a la celebración del proceso.

Afirma que "esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación del poder constituyente originario" en un referendo consultivo. Ir a un nuevo proceso constituyente para derogar el actual texto, logrado a través de un proceso de amplia consulta, constituye "la violación del principio de la supremacía constitucional, que refiere que la carta magna puede ser cambiada a través de los mecanismos establecidos en ella y con la participación del poder originario".

La fiscal general argumentó que la Constitución vigente fue elaborada en un proceso constituyente, con una consulta previa y posterior a los ciudadanos, por lo que un nuevo proceso que no cumpla esos pasos "evidencia un retroceso en ese aspecto".

Además requirió la nulidad del decreto en el cual se contemplan las bases de la elección de la ANC, por "violarse los referidos principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica". Estas bases vulneran, a su juicio, "la reserva legal, el derecho al sufragio, la universalidad e igualdad" del voto, sostiene la demanda según la comunicación del Ministerio Público.

En una tercera acción legal la fiscal denunció que "hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC".

En los tres recursos se solicitó además un amparo cautelar para suspender los efectos emanados de los decretos presidenciales y de las decisiones del órgano electoral.

Para esta decisión la fiscal ha pedido al Supremo la inhibición de los magistrados de la Sala Constitucional que "han dictado sentencias violatorias del orden constitucional", contra quienes Ortega Díaz solicitó esta semana su destitución y le fue negada. Ha solicitado además al TSJ que se le autorice para llevar a juicio a ocho magistrados de esa Sala Constitucional, seis titulares y dos suplentes, una acción sobre la que la corte aún no se ha pronunciado.