El régimen de Maduro amenaza a los panaderos: “Te voy a quitar la materia prima y te cierro la panadería”
Las panaderías de Caracas están obligadas a producir pan durante todo el día para abastecer a los Clap, el sistema de redistribución gubernamental.
Desde este pasado lunes, todas las panaderías de Caracas están bajo la vigilancia de unos 4.000 funcionarios que se encargan de verificar que se cumple el "Plan 700", una orden del régimen chavista que obliga a los propietarios a producir pan durante todo el día, entre otras medidas.
En un vídeo publicado en la red social Twitter se puede observar cómo el Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), Menrry Fernández, amenaza al propietario de una panadería con cerrar el establecimiento si no abastece de pan a los 77 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) de la zona.
"Eres el responsable de que esta panadería le surta el pan a los 77 Clap todos los días, a toda hora, porque tienes suficiente materia prima. Si no, te voy a quitar la materia prima y te cierro la panadería", advirtió Fernández.
#Inspecciones Panaderos son amenazados por funcionarios gubernamentales con cierre de establecimientos. Conéctate https://t.co/vhuhdQvq7a pic.twitter.com/IZepiQg2qt
— VIVOplay (@vivoplaynet) 15 de marzo de 2017
Los Clap son un sistema implantado por el régimen chavista en abril del año pasado y que se encarga de expropiar los alimentos de los comercios o supermercados para redistribuirlos según sus propios criterios en forma de paquetes de primera necesidad que recibe la población en periodos no regulados y que pueden oscilar entre uno y tres meses.
El régimen chavista asegura que el objetivo de los Clap es acabar con el mercado negro culpable del encarecimiento del precio de los productos. Pero el sistema de redistribución no está exento de polémica porque en este reparto se está priorizando a los simpatizantes del Gobierno de Maduro.
Entre las medidas del"Plan 700", además de la obligación de producir pan durante todo el día, los propietarios no pueden destinar más del 10% de su harina para elaborar dulces u otros derivados del trigo y no pueden gastar más de 300 sacos de materia prima al mes.
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