El acuerdo al que ha llegado este martes la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela se justifica por la "grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de Derechos Humanos y la devastación de las bases económicas y sociales" por parte de Nicolás Maduro. Además, incluye tratar de impulsar acciones para que se haga efectiva esta responsabilidad, e intentar que la Fiscalía evalúe los hechos expuestos en el debate, para que considere someter al presidente a un antejuicio de mérito y determine así posibles hechos punibles.
Asimismo, denuncia que Maduro "ha gobernado desde el 14 de enero del 2016 merced a un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución sin la aprobación de la AN, el cual ha ido cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias inderogables y ha vulnerado derechos fundamentales". Se menciona también que el presidente ha ignorado la solicitud de comparecencia de sus ministros ante la Cámara y se ha "facultado a sí mismo" para aprobar contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras. "Se ha acrecentado la persecución política de la cual el presidente de la república es corresponsable" y se suspendió la recogida del apoyo al referendo revocatorio presidencial que la oposición impulsaba desde marzo pasado, indica el texto.
Maduro es acusado de acudir "sistemáticamente" a la Sala Constitucional del Supremo "para impedir con criterios políticos la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la AN que hubieran contribuido a solucionar los problemas del país".
Aunque parte de la coalición opositora ha hablado de juicio político, en Venezuela no existe esta figura jurídica, por lo que se trataría de un proceso judicial ordinario. Antes de iniciarse el debate el pleno del Parlamento ha leído la carta escrita por el opositor y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.En la carta, el opositor proponía una "ruta de acción" con el objetivo de alcanzar el cambio político y poner fin a la crisis política, económica y social que vive el país.
Los diputados chavistas, en respuesta, han decidido abandonar el Parlamento para evidenciar que no reconocen la legitimidad de estas discusiones porque, según argumentan, la oposición pretende celebrar un "juicio político" que no está contemplado en la legislación venezolana. "La Asamblea Nacional no tiene facultades de control político con el presidente de la República", ha explicado el oficialista Pedro Carreño, que ha definido la sesión parlamentaria como "un round de sombras" sin "carácter vinculante ni valor probatorio" e "inoficioso".