El jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, señaló en declaraciones transmitidas por la estatal VTV que "entre los ejecutores están Giovanny Vásquez, Jerónimo González, Manuel González y Yoel Méndez, quienes ya se encuentran detenidos".
Explicó que tres de estos sujetos "serían contratados para realizar una masacre" durante la marcha que se llevó a cabo en Caracas el 1 de septiembre cuando más de un millón de personas se movilizó para presionar por un referendo que ponga fin al mandato de Nicolás Maduro. Los cuatro detenidos serán imputados por delitos previstos en la justicia militar, entre ellos el de traición a la patria.
González aseguró que las investigaciones arrojaron "pruebas contundentes" que vinculan con estos supuestos planes golpistas al diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia (oeste), el opositor Léster Toledo, sobre quien pesa una orden de aprehensión por financiación al terrorismo y asociación para delinquir. De igual forma, indicó sin mayores detalles que el dirigente Carlos Melo, el alcalde Delson Guárate y el exalcalde Daniel Ceballos, a quien le suspendieron recientemente el arresto domiciliario y fue enviado por segunda vez a prisión, "se convierten en los principales promotores del plan conspirativo del 1 de septiembre".
El exministro dijo que las fuerzas de seguridad están alertas pues, afirmó, los planes frustrados "han dado lugar a la planificación de posibles situaciones terroristas que podrían crear el ambiente del tan esperado y acariciado golpe de Estado por parte de sectores opositores en el territorio nacional". En este sentido, señaló que han descubierto que estos atentados "tienen ya la planificación para ser ejecutados el 7 de septiembre", para cuando la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a protestas en todos los estados de Venezuela para seguir presionando por el referendo.
Por ello, informó de que cuerpos policiales venezolanos realizaron registros en la frontera con Colombia, específicamente en una hacienda llamada El Morrongo donde se incautaron armas de variado calibre, fusiles, uniformes militares y documentos forjados relacionados con las supuestas tramas desestabilizadoras. Agregó que continuarán las investigaciones y posibles detenciones que, aclaró, no forman parte de un "capítulo represivo" contra el antichavismo sino que obedece a una "anticipación que ordena la Constitución y las leyes" en materia de seguridad. "Las intenciones de golpe se mantienen y factores golpistas van a ir adecuando su agenda violenta en los próximos días y semanas (...) de allí la necesidad de la intensificación de las medidas preventivas para neutralizar o frustrar la actividad delictiva", añadió.