Un juez argentino ordena detener a Hebe de Bonafini
Un juez ordenó la detención de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo por no ir a declarar en un caso de presunto fraude al Estado.
La decisión, que aún no se ha hecho efectiva, la tomó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que encabeza la causa conocida como "Sueños Compartidos", que investiga un supuesto fraude a la Administración a través de un programa dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.
Hebe De Bonafini, de 87 años, ya faltó el pasado 6 de julio a la primera citación del magistrado y tras su ausencia de este jueves se preveía que pudiera ser obligada a acudir con la fuerza pública. El subcomisario Gómez de Olivera, de la Policía Federal de Argentina, se presentó en la sede de la asociación, en el centro de la capital, y dijo que necesitaba "cumplimentar una orden de allanamiento" dispuesta por el juez federal.
Casi al mismo tiempo, De Bonafini se dirigía en una furgoneta desde ese lugar hacia la plaza de Mayo, lugar donde cada jueves, desde el 30 de abril de 1977, la organización realiza la tradicional ronda frente la sede del Gobierno nacional, armadas de sus pañuelos blancos. Multitud de personas acompañaron a la mujer para demostrarle su apoyo. En una alocución en la plaza de Mayo, De Bonafini calificó como una "vergüenza" el envío de la policía a la sede de las Madres, a quienes, aseguró, pretenden "asustar".
Hebe de Bonafini agradeció la presencia en la plaza de dirigentes kirchneristas que fueron a darle apoyo y destacó la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como su "única conductora". Asimismo, criticó al Gobierno de Mauricio Macri y le acusó de "perseguir al pueblo" y "hacer un desastre" en el país, "regalando todo lo conseguido" en los últimos doce años.
En la causa que investiga el magistrado, también citó a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), ya que se quiere comprobar si hubo "connivencia (con) funcionarios públicos" para gestionar y obtener "ilegítimamente" fondos estatales para la construcción de las viviendas.
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