Decenas de personas se concentraron en la avenida Urdaneta de la capital venezolana y avanzaron hacia la avenida de las Fuerzas Armadas, muy cerca del Palacio de Miraflores –sede de la Presidencia–, lugar donde la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana (PNB y GNB) les cortaron el paso.
Ante la negativa de los manifestantes a parar la marcha, los agentes lanzaron gases lacrimógenos. Además, requisaron el material de trabajo a los periodistas de distintos medios de comunicación privados que cubrían la noticia. "Adolfo Acosta y Luis Morillo, fotógrafos, fueron golpeados por efectivos de la GNB en la avenida Urdaneta", afirmó el diario venezolano El Universal. "Los funcionarios (...) les quitaron los equipos mientras los agredían. Ambos recibieron fuertes golpes en el rostro y en el cuerpo", agregó.
Además, informó de que "Andrea Cedeño, periodista, William Ríos camarógrafo y el chófer de la cadena local Vivo Play, fueron interceptados por sujetos armados, quienes los bajaron del automóvil apuntándolos con armas y les quitaron sus equipos. Pidieron ayuda a la PNB que pasaba frente a ellos en el momento de la agresión, pero fueron ignorados". El alcalde del municipio de Libertador, el chavista Jorge Rodríguez, atribuyó la violencia a los exmiembros de Bandera Roja, al tiempo que denunció que pequeños comercios han empezado a vender ilegalmente "productos de la cesta básica".
Acerca de las agresiones a periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó de que "durante la cobertura de protestas por la escasez de alimentos, al menos 17 trabajadores de medios resultaron afectados por la actuación de la Guardia Nacional y grupos de civiles armados que los robaron, amenazaron y golpearon". Por eso exigió "una inmediata investigación de los hechos violentos que ocurrieron este jueves en el centro de Caracas".
Según sus informaciones, "en la mayoría de los casos, los equipos e implementos de trabajo fueron robados bajo amenaza de muerte con la intención de eliminar cualquier evidencia que permitiera identificar a quienes estaban en el lugar generando violencia". El presidente del sindicato, Marco Ruíz, exigió del Ministerio Público "un procedimiento oportuno para que los victimarios sean identificados y castigados" por las agresiones.