El Gobierno español ha ordenado el regreso del embajador español en Venezuela, Antonio Pérez-Hernández, después de que el diplomático fuera llamado a consultas el pasado 8 de abril como gesto de protestas por los insultos del presidente Nicolás Maduro contra el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.
En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, el ministro en funciones de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha explicado que la vuelta del embajador se debe a la visita que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, efectúa a Venezuela, a un próximo viaje que hará el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a la necesidad de asistir a los 400.000 españoles que residen actualmente en ese país.
La decisión de hacer regresar al embajador llega un día después de que Maduro denunciase una vez más la existencia de una campaña en España contra él. Sin embargo, el presidente evitó atacar directamente al Gobierno y al presidente Rajoy y centró sus críticas en los medios de comunicación españoles. Hace unas semanas, García-Margallo había condicionado la vuelta del embajador a que el Ejecutivo de Maduro diese muestras de "continencia" verbal.
El ministro, que acaba de volver de un viaje a Ecuador y Cuba, ha asegurado que "nadie avala la tesis de que hay una conspiración" contra Maduro por parte de lo que el venezolano llama el eje Madrid-Bogotá-Miami. "Es delirante como planteamiento. Pensar que ABC o El País pueden derribar al régimen es realismo mágico", ha insistido.
Con respecto a la labor de mediación que la organización internacional Unasur ha encargado al expresidente Zapatero, junto a otras personalidades, para favorecer un diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición, García-Margallo ha confesado tener "muy pocas esperanzas" en esta mediación.
El ministro ha reconocido que Zapatero, con el que ha hablado, está cumpliendo "escrupulosamente" con la obligación de mantener informado al Gobierno español de los pasos que da en relación con esta tarea de mediación que la Unasur le ha encomendado y que cuenta con el beneplácito de Maduro, pero no tanto de la oposición.
García-Margallo ha explicado que la situación de bloqueo político que se está dando en Venezuela -donde la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, ve cómo la legislación que aprueba es tumbada sistemáticamente por el Tribunal Supremo, controlado por Maduro- viene dada en parte por la situación económica, que deja unas cifras de desabastecimiento que alcanzan ya el 82 por ciento.
En su opinión, Maduro está intentando que el referéndum revocatorio que promueve la oposición no se celebre antes del 1 de enero, porque pasada esa fecha no habría elecciones y asumiría la presidencia el vicepresidente del Gobierno hasta 2018.