Una conversación telefónica entre Dilma Rousseff y Lula da Silva grabada legalmente por la policía y divulgada por la Justicia sugiere que la presidenta intervino en estos últimos días para ayudar a su predecesor y evitar su posible detención. En la conversación, Rousseff le dice a Lula que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use "en caso de necesidad".
La conversación, según diferentes comentaristas, dejó traslucir que ambos están preocupados con la posibilidad de que algún juez ordene la detención preventiva de Lula antes de que el exmandatario sea investido como ministro el próximo martes, cuando obtendrá fuero privilegiado y sólo podrá ser juzgado por la Corte Suprema.
La conversación fue grabada este mismo miércoles por la Policía Federal con autorización del juez Sergio Moro, que investiga la posible participación del exmandatario en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Moro levantó el sigilo de las escuchas en las líneas telefónicas de Lula luego de que Rousseff anunciara su nombramiento como titular del influyente Ministerio de la Presidencia. Como el cargo de ministro le otorga al exjefe de Estado fuero privilegiado, Moro tendrá que trasladar todo el proceso contra el exmandatario al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país.
"Estoy mandándote a Bessias junto con el papel, para que puedas tenerlo y usarlo en caso de necesidad, que es el término de la posesión", afirma Rousseff en su conversación con Lula, que este miércoles regresó a su residencia en Sao Paulo tras las consultas que mantuvo con la jefe de Estado en Brasilia en los dos últimos días para definir si aceptaba el cargo.
La jefa de Estado, en una rueda de prensa que concedió este miércoles para defender el nombramiento, insistió en negar que su decisión busque blindar judicialmente a Lula y librarlo de los procesos que enfrenta en la justicia, y dijo que las investigaciones proseguirán, pero en otra instancia. "El cambio de instancia no significa que ya no será investigado. Significa que la Fiscalía y la Policía seguirán la investigación pero que el juez será la máxima corte. Por detrás de la afirmación de que el cambio de instancia es para esconderse sólo puede verse una desconfianza de la oposición con respecto a la corte suprema ¿Es eso que la oposición quiere decir (que la corte) no es confiable?", preguntó.