La relación entre el presidente de Venezuela y las Fuerzas Armadas nunca ha sido muy fácil en especial por el estrecho vínculo que tiene Diosdado Cabello con los militares por su pasado como uno de sus miembros. Además, no son pocas las versiones que hablan de un descontento dentro del Ejército por la actual situación del país.
Posiblemente por eso Nicolás Maduro ha buscado acercarse a los militares en la búsqueda de su lealtad para mantener un gobierno que parece cada día más frágil. Es así que en febrero creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, que estará encargada "de prestar servicios petroleros, de gas y de explotación minera, sin limitación alguna". Esto sin duda la da un poder especial a los militares aunque Maduro señaló que "permitirá desarrollar las potencialidades que existen dentro de las Fuerzas Armadas".
Lo que es evidente es que Maduro intenta calmar algunos ánimos negativos entre los militares. Diego Moya-Ocampos, analista de IHS Global Insight, señalo al diario El Nuevo Herald que con esta medida "se garantiza la lealtad militar, que está cada día más puesta en duda, como consecuencia del deterioro significativo de la economía y el incremento de la corrupción". Recordó además que "los militares estaban en muchas partes en este régimen, pero nunca antes habían estado metidos en las empresas extractivas", uno de los sectores más significativos en Venezuela.
A través Decreto Nº 2.231 publicado en 10 de febrero de este año, el régimen de Maduro crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), una decisión que algunos expertos han interpretado como el inicio del fin de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa con muchos problemas en los últimos años. Luis Alejandro Rojas, presidente de la Cámara Minera de Venezuela, dijo en Últimas Noticias que esto no soluciona "los graves problemas del sector minero del país" ya que "por ser un estamento militar no tiene experticia en ninguno de los sectores que dirigirá".
La presidenta de la ONG Asociación Civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló al Nuevo Herald que "CAMIMPEG va a ser un nuevo zarpazo a la economía del país" ya que "va a fomentar la corrupción completamente", apuntando a un aprovechamiento por parte de los militares de los millones de dólares que circulan en el sector. Esto además se suma a la idea del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), siempre al servicio del chavismo, de quitarle al Parlamento –hoy de mayoría opositora– la competencia de control al cuerpo militar.
En Informe 21, Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón (Sutpgef), dijo que esta medida de crear la CAMIMPEG "otra locura más del Gobierno". Cree además que "crear una compañía de estas nos indica que PDVSA no está cumpliendo con su rol y es lo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo". Subrayó que "actualmente no hay producción de gasolina, ni lubricantes, hay baja producción de gas, las plantas de catalítica están paradas".