Macri pedirá sanciones contra Venezuela por perseguir a la oposición y a la prensa

En su primera rueda de prensa tras ganar la segunda vuelta electoral este domingo, Mauricio Macri anticipó que en la próxima Cumbre de Mercosur del 21 de diciembre solicitará que se aplique la cláusula democrática contra Venezuela por la "persecución" a los opositores y a "la libertad de expresión".

"Es evidente que corresponde que se aplique esa cláusula porque las denuncias son claras, son contundentes, no son un invento", dijo el líder de Cambiemos. La situación que vive Venezuela bajo el Gobierno de Nicolás Maduro no se corresponde "con el compromiso democrático que hemos asumido todos los argentinos", agregó el presidente electo, que ya había adelantado durante la campaña su intención de denunciar a Caracas ante Mercosur en caso de llegar a la Casa Rosada.

Durante las últimas semanas, Mauricio Macri se refirió en varias ocasiones a la situación de la oposición en Venezuela y muy especialmente al caso de Leopoldo López. De hecho, la esposa de López, Lilian Tintori, acudió al búnker electoral de Cambiemos en Buenos Aires.

La cláusula democrática prevista en el Mercosur -integrado por Argentina, Venezuela, Brasil, Paraguay y Uruguay- establece la posibilidad de suspender a un Estado miembro ante la ruptura del orden democrático en virtud del Protocolo de Ushuaia, suscrito en 1998, que contempla que solo puede aplicarse por consenso. El acuerdo fue perfeccionado en 2011 mediante un nuevo protocolo que abre la vía a sanciones más severas, como cerrar total o parcialmente las fronteras terrestres y suspender o limitar el comercio, el tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía y servicios.

Derogar el memorándum con Irán

Además de Venezuela, Macri también se refirió a otros países. Dijo que propondrá al Congreso derogar el memorándum de entendimiento firmado con Irán para esclarecer el atentado contra la mutualista judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994. Señaló que la firma del acuerdo con Irán, rechazado por las comunidades judías argentinas y denunciado ante la Justicia por supuesta inconstitucionalidad, "no ayudó en esto de unir a los argentinos y mostrarnos coherentes ante el mundo".

El pacto, rubricado entre Argentina e Irán en enero de 2013 y convertido en ley poco después por el Congreso argentino, no entró nunca en vigor al no ser aprobado por el Parlamento iraní. El acuerdo fue duramente criticado por el fiscal especial del caso AMIA Alberto Nisman (fallecido en enero pasado en circunstancias aún por aclarar), quien denunció a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto encubrimiento a los iraníes sospechosos de perpetrar el atentado a través del memorándum. La querella fue definitivamente desestimada por la Justicia en mayo pasado.