La Justicia argentina abrió este miércoles una investigación por la denuncia contra el Gobierno de Cristina Fernández por presunto espionaje ilegal a periodistas, políticos opositores, empresarios y jueces, presentada por dos diputadas conservadoras.
El juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, dijo a Radio Vorterix que ordenó "medidas instructoras" para investigar el presunto espionaje denunciado por Laura Alonso y Patricia Bullrich, diputadas del bloque opositor Unión Pro. Casanello, quien dictó el secreto de sumario, afirmó que la denuncia no tiene por ahora "documentación ni listado", en referencia a la lista sobre personalidades presuntamente espiadas difundida por las legisladoras a través de medios locales.
Por su parte, el Gobierno argentino negó la acusación y aseguró que los servicios de inteligencia argentinos no realizan "ninguna tarea de interceptaciones telefónicas o seguimientos de comunicaciones por cualquier medio" y calificó como "un invento" la denuncia presentada por Bullrich y Alonso. "Es un invento de los tantos que han hecho estas dos diputadas", dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en su contacto diario con los medios.
Entre los políticos supuestamente espiados, destacan cuatro candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo domingo: el conservador Mauricio Macri, en cuyo partido están Bullrich y Alonso; los peronistas disidentes Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá; y la progresista Margarita Stolbizer. También aparecen mencionados otros, como Gabriela Michetti, candidata a vicepresidenta en la lista de Macri, y Felipe Solá, aspirante a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires por el frente que lidera Massa. Además, aparecen los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y periodistas de medios críticos con el Gobierno, como Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Jorge Lanata y Luis Majul.
Los servicios de inteligencia en Argentina quedaron bajo la lupa tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado contra la mutual judía AMIA –que dejó 85 muertos en 1994–, ocurrida en enero pasado en circunstancias aún sin aclarar. El Gobierno de Fernández relacionó entonces la muerte con una guerra interna entre sectores de los servicios de Inteligencia. Tras el escándalo por la muerte de Nisman, Fernández impulsó un proyecto para modificar las estructuras de los servicios secretos, disolvió la antigua Secretaría de Inteligencia y creó una agencia federal que lleva a cabo esta tarea.