En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado venezolano a proteger a ambos líderes opositores, que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontraría en riesgo".
El organismo internacional, con sede en Washington, responde así a la solicitud de medidas cautelares solicitada el 23 de agosto de 2014 por la coordinadora judicial "Observatorio Venezolano de Prisiones", que califica a los opositores presos como "las caras más visibles y prominentes" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
La organización judicial solicitó la protección del jefe de Policía del municipio de San Diego, Salvatore Lucchese; y el exalcalde de esta localidad, Vicencio Scarano, así como de López, coordinador del partido Voluntad Popular (VP); y Ceballos, exalcalde de San Cristóbal. Sin embargo, el organismo internacional, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), solo dictó medidas de protección para López y Ceballos porque "los solicitantes no han aportado información" sobre Lucchese y Scarano, que fueron liberados en febrero de 2015.
Ambos se encuentran privados de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, en deplorables condiciones de detención, "pasando más de 23 horas al día dentro de sus celdas" y con un "restringido régimen de visitas", según los denunciantes. La organización judicial venezolana alertó de que la salud de los opositores se encuentra en peligro e hizo referencia a la vista de López, que habría sufrido consecuencias por una supuesta falta de luz natural.
A la luz de estas acusaciones, la CIDH solicitó el 17 de septiembre de 2014 a Venezuela que aportara información sobre los reclusos, a lo que el Estado contestó que los opositores "cuentan con una condición de habitabilidad y atención personalizada extraordinaria e incomparable a la situación actual de un recluso de cualquier otro centro penitenciario del país". Después de que los denunciantes aportaran información adicional, la CIDH volvió a solicitar el 4 de febrero de este año más información al Estado, le reiteró su petición el 13 de marzo y, al no recibir respuesta, decidió dictar este lunes estas medidas cautelares.