La indignación de los mexicanos con su clase política por los casos de corrupción y de impunidad no es nueva. Pero la desaparición el pasado 26 de septiembre de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, además de otros muchos casos sin resolver, ha vuelto a encender la mecha en las calles mexicanas.
Las protestas se han desarrollado en varias ciudades del país. En la propia Ciudad de México, varios encapuchados llegaron hasta el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, y prendieron fuego a la puerta principal del histórico edificio. En Acapulco, los estudiantes tomaron durante varias horas el aeropuerto de la localidad –de mucho tráfico por la afluencia de turistas– mientras que este miércoles, los manifestantes llegaron hasta el Congreso de Guerrero donde incendiaron la sala de sala de plenos y causaron varios destrozos en parte de sus instalaciones. Todos estos actos violentos responden a la rabia e impotencia por la falta de reacción de sus autoridades ya la total impunidad en la que parece estar sumergido México.
Por si esto fuera poco, Jesús Murillo, titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), dijo el pasado viernes que los tres detenidos, miembros del grupo criminal Guerrero Unido, habían confesado ser los autores del asesinato de los estudiantes. Éstos informaron de que después de las ejecuciones, quemaron los cuerpos. Esto para Murillo fue suficiente para dar por muertos a los desaparecidos, algo que la familia no ha aceptado hasta tener pruebas. Las muestras encontradas en el municipio de Cocula, estado de Guerrero, han sido enviadas a la Universidad de Innsbruck, Austria, para su análisis. Otras halladas en Pueblo Viejo, municipio de Iguala, no corresponden al de los estudiantes, según el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Este anuncio de Murillo ocurrió apenas un día antes del viaje del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a la Cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Su decisión de dejar México fue muy criticada por muchos sectores que pedían su presencia durante esta fase de las investigaciones y en especial por el complicado momento social del país. Sin embargo, Peña Nieto viajó. Otros factores tampoco le han ayudado: Sofía Castro, hija de su esposa, declaró antes de una gala en la que iba a ser premiada: "Ahorita no es momento para hablar de ese tema (…) ahorita venimos a disfrutar y a recibir mi premio, que estoy muy contenta".
Pero sin duda el caso que indignó aún más a los mexicanos es la denuncia de la conocida periodista Carmen Aristegui en su página Aristegui Noticias acerca de su mansión en Las Lomas de Chapultepec, una zona exclusiva de Ciudad de México. La propiedad, que ya ha sido llamada "la casa blanca de Peña Nieto" y valorada en 7 millones de dólares, fue construida por un grupo empresarial que ganó numerosos concursos públicos cuando fue gobernador, como el tren entre la capital y Querétaro, una concesión que luego fue revocada por el propio presidente. La casa cuenta con ascensor y estacionamiento subterráneo y el color blanco predomina en sus 1.414 metros cuadrados. Un portavoz presidencial aclaró que se trata de una propiedad de la primera dama, la conocida actriz de telenovelas, Angélica Rivera. Sin embargo, el tema parece estar lejos de ser olvidado por los mexicanos.
Todos estos casos han puesto a Peña Nieto en el centro de la polémica en el momento más delicado de su gestión que se inició a finales del año 2012 y que se extenderá hasta el año 2018.