Perú es un país con una democracia relativamente joven. Ésta volvió en el año 1980 tras 12 años de gobierno militar y desde entonces ha tenido siete gobernantes, algunos de ellos repitiendo presidencias como Alan García y Alberto Fujimori, este último con algunas maniobras ilegales. Pero de todos estos, sólo dos –Fernando Belaúnde (1980-1985) y Valentín Paniagua (presidente transitorio 2000-2001)– se libraron de tener problemas legales.
El que sin duda más resalta es el caso de Alberto Fujimori. El 7 de abril de 2009, la Justicia peruana lo condenó a 25 años de prisión por su responsabilidad en las matanzas conocidas como Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, respectivamente, y en los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
Además de esto, en el mes de julio del mismo año, fue condenado a otros 7 años y medio al ser culpable de "peculado doloso y apropiación de fondos" por la entrega de 15 millones de dólares a su exasesor Vladimiro Montesinos de fondos públicos. El mismo expresidente admitió este pago.
Pero la historia judicial de Fujimori no acaba con estas sentencias. Ahora mismo afronta otro proceso por el caso de los "diarios chicha", nombre con el que se conoce en Perú a los diarios sensacionalistas y algunos de los cuales vendieron su línea editorial al gobierno de Fujimori a cambio de dinero. Se trata del desvío de 122 millones de nuevos soles (32,8 millones de euros) para buscar la tercera reelección de Fujimori en el año 2000.
Caso de Alejandro Toledo
Otro expresidente que no pasa por su mejor momento es Alejandro Toledo (2001-2006), quien logró la presidencia tras encabezar la oposición a Fujimori en las elecciones de 2000.
Este pasado martes 7 de enero, la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú aprobó un informe que acusa a Toledo de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El informe recomienda al Ministerio Público que investigue a Toledo por supuesto delito de lavado de activos y da el visto bueno para que se haga lo propio por un presunto delito de asociación ilícita para delinquir.
Según el informe, Toledo participó en la constitución de la empresa Ecoteva, algo que el exmandatario ha negado, "en un centro financiero off shore (en Costa Rica), que administraría fondos cuya procedencia no se ha determinado con certeza". Las pesquisas se centran en la compra de una mansión valorada en más de tres millones de dólares en una zona residencial de Lima y de una oficina valorada en más de 800.000 dólares, así como en la creación de una empresa en Costa Rica. La Fiscalía de ese país centroamericano ha ordenado bloquear una cuenta bancaria con 6,5 millones de dólares de la sociedad anónima Ecoteva Consulting Group, ligada al expresidente, y que no ha registrado actividad alguna.
También Alan García
El caso de Alan García (1985-1990; 2006-2011) tampoco se diferencia mucho de los anteriores. Aunque ya ha sido objeto de varias investigaciones, a mediados de diciembre de 2013, una comisión del Congreso acordó acusarlo por una presunta infracción constitucional por los indultos que otorgó durante su segundo Gobierno (2006-2011) a cientos de presos, decenas de ellos por narcotráfico. Según el informe de la comisión, se encontraron documentos con la firma y anotaciones de García, que confirman que se redujo la pena a más presos de los que había recomendado una comisión especial formada durante el Gobierno del líder del Partido Aprista Peruano.
Existe además otra investigación abierta en febrero de 2013 por presunto enriquecimiento ilícito, tras conocerse que García había comprado una casa en el distrito limeño de Miraflores por 830.000 dólares. Además, la comisión parlamentaria también recomendó la acusación del expresidente por otro caso conocido como BTR y menciona entre los principales delitos la asociación ilícita para delinquir, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia. Se trata de un caso relacionado con la empresa Business Track, implicada en escuchas telefónicas que fueron denominadas en Perú como los "petroaudios" con supuestas negociaciones irregulares en licitaciones del gobierno.