Una de las razones por las que la oposición salió el pasado sábado a las calles de las ciudades de Venezuela era denunciar la constante "persecución política" que sufría por parte del oficialismo.
Esta situación se vuelve a comprobar tras una denuncia sobre el registro por parte de una delegación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIM) –que apuntó al cumplimiento de una orden judicial– a la residencia del director de despacho de la gobernación de Miranda, Óscar López, pieza clave del equipo político de Henrique Capriles que fue su jefe de la campaña electoral en las elecciones regionales del año pasado.
Según el abogado de López, Leonardo Palacios, los miembros de la inteligencia militar se llevaron documentos personales, equipos electrónicos y dispositivos móviles. En opinión del coordinador de políticas públicas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Pedro Benítez, lo ocurrido no es más que una estrategia para debilitar la fuerza de su partido de cara a las próximas elecciones: "Nos alarma, pero no nos sorprende. Es el estilo en que el Gobierno hace política en Venezuela".
La reacción del propio Capriles no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter, últimamente su principal canal de comunicación con los ciudadanos, el líder opositor dijo que "ahora los enchufados corruptos ordenando allanamientos a funcionarios de nuestro equipo, Maduro si eres cobardón". Además agregó: "Gobiernito impopular, les toca montar circo".
La Justicia también
Además de este intento de intimidación contra un miembro del equipo de Capriles, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) multó y pidió a la Fiscalía que evalúe procesar al líder opositor por usar conceptos "ofensivos" en el recurso de impugnación de las elecciones del 14 de abril que este miércoles declaró inadmisible la máxima corte.
En el mismo fallo en el que declara inadmisible la impugnación, el TSJ estima que la demanda de Capriles contiene "conceptos ofensivos e irrespetuosos en contra de esta Sala y otros órganos del Poder Público". "Por este mismo motivo (...) la Sala impone al ciudadano HENRIQUE CAPRILES RADONSKY, titular de la cédula de identidad n° 9.971.631, multa de 10.700 bolívares (casi 1.300 euros)", dice el documento.
Esa sanción es, según el tribunal, el límite máximo establecido para este tipo de sanciones, por cuanto la Sala "estima de la mayor gravedad los pronunciamientos ofensivos contenidos en el escrito".