Tras la anunciada reunión con gobernadores, alcaldes y ministros, Dilma Rousseff propuso la celebración de un referéndum en Brasil que siente las bases de una reforma constitucional en la que se planteen, entre otras cuestiones, la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la corrupción.
Para la presidenta, quien también se reunió con militantes del Movimiento Pase Libre, la organización que lidera las protestas, el ciudadano debe ocupar el "primer lugar", por encima de los intereses económicos, y por eso quiere "buscar soluciones" a los problemas que "inquietan y movilizan al pueblo brasileño". En base a esas preocupaciones presentadas durante las protestas, Rousseff quiere presentar soluciones para tener servicios públicos de calidad y tener en Brasil mecanismos más eficaces para combatir la corrupción. Desde su punto de vista, Brasil está atravesando "un inequívoco proceso de cambio, tal vez el más amplio que haya vivido el país".
Rousseff planteó un programa de "pactos" para avanzar hacia un nuevo Brasil, dentro del cual figuran aspectos financieros como la "estabilidad fiscal" y políticos como la lucha contra la corrupción –que se castigará con penas más duras–, pero principalmente sociales, con cambios en sanidad, educación o infraestructuras. Pero sin duda lo más resaltante es formar a través de un referéndum una Asamblea Constituyente cuyo "fin exclusivo" sea plantear una "reforma política" que "amplíe la participación popular y el horizonte de ciudadanía".
En cuanto al transporte, tema que desató las protestas más multitudinarias en décadas de Brasil, Rousseff propuso desgravaciones fiscales que permitan una reducción de las tarifas. Sobre la educación, otro de los puntos criticados en manifestaciones, insistió en que la totalidad de los beneficios del petróleo atesorado en aguas profundas del Atlántico se destinen a ese sector, lo cual depende de la aprobación del Congreso. "Confío en que los señores congresistas aprobarán eso con la debida urgencia constitucional", declaró Rousseff.
Según el diario OGlobo, jueces de la Corte Suprema de Justicia (STF) y expertos constitucionales no ven con buenos ojos la propuesta de Rousseff para crear una Asamblea Constituyente ya que de ocurrir podría abrir la posibilidad de cambiar toda la Constitución. Para el diputado Ronaldo Caiado, del partido Democratas (DEM), una posibilidad sería suspender las vacaciones parlamentarias de julio para realizar una sesión especial del Congreso con la presidenta y así discutir una lista de emergencia con tres grandes temas: la salud, la educación y el transporte.