Las decenas de afectados por un caso de estafa en Venezuela mantienen que el empresario y opositor a Chávez Andrés Ayala y su esposa Gabriela Pino son culpables de dicho delito. Se les acusa de haber recibido el dinero que sus clientes les entregaron para comprar coches y a cambio ni les entregaron el coche ni les devolvieron dinero.
Según destacan, la detención de Andrés Ayala, lejos de tener que ver con sus actividad de oposición –sobre todo en 2007, cuando denunció en un viaje a España y como miembro del grupo de estudiantes "Manos por la libertad" las tropelías del régimen de Chávez-, "se fundamentó en las oscuras acciones de Ayala y sus secuaces, donde con artificios, dando apariencia de legalidad a la situación jurídica, a través de un documento suscrito entre partes, induciendo al error a un numeroso grupo de personas y en forma continua, causando de esta manera un daño económico significativo".
Al mismo tiempo, Neskens Maita La Grave, abogado de un grupo de afectados, indica a LD que el arresto por parte de las autoridades del régimen de Chávez de Andrés Ayala no fue "un show político" como mantenía el propio Andrés Ayala, que lleva prácticamente un año en prisión, en conversación con Libertad Digital y como queda reflejado en este artículo. Sino que está en prisión por "sus mañosas acciones que dejaron a mas de 150 víctimas con un perjuicio patrimonial como resultado de un engaño".
Además, dicho abogado mantiene que "en fecha 30 de noviembre del 2011, el victimario –Ayala- ofreciera a sus víctimas –los afectados-, previa admisión de los hechos, un acuerdo reparatorio; acuerdo, que ratificó su defensa con diferentes propuestas y alegatos en el proceso; no por invento del gobierno y no por la obligación física infringida al santo niño". Un acuerdo que, según insiste el abogado "hasta la presente fecha no ha cumplido".
Por otro lado, el letrado no se muestra de acuerdo con las torturas e intentos de asesinato que Ayala dice haber sufrido en prisión. Unos maltratos que el propio Ayala denunciaba como claras violaciones de los derechos humanos en su difícil comunicación desde la cárcel con este periódico. En cualquier caso, el abogado de los afectados por la conocida como "estafa de Autoenmano" descarta que dichos ataques fueran motivados por las actividades políticas del reo. Más bien al contrario, lamentaba que son prácticas habituales en las prisiones venezolanas: "No me alegra que Ayala fuera víctima dentro del recinto carcelario de heridas inferidas con arma blanca; tampoco soy partidario de las torturas que viven todos los ciudadanos venezolanos privados de libertad, en un sistema penitenciario perverso y aberrante. Pero ello dista de convertir un caso en político o no; el tema de los derechos inherentes al hombre en Venezuela (Derechos Humanos), es un tema álgido y de fondo, no sujeto a particularidades. Irónicamente, en Venezuela los privados de libertad mejor recluidos son los políticos, que los albergan en la sede SEBIN (Helicoide)", mantiene el letrado Maita.
El caso de Andrés Ayala fue profusamente difundido por los medios de comunicación oficialistas del Chavismo desde mayo de 2011.
Esta información atiende al derecho de réplica de los afectados por el caso "Autoenmano" solicitado por los mismos a Libertad Digital tras la lectura de la noticia "La huella de las "garantías" de Chavez en la oposición", publicada el pasado mes de octubre.