El Parlamento europeo ha aprobado el informe "Me Too y acoso-consecuencias para las instituciones de la UE", que establece la obligación de que todos los eurodiputados y empleados de la Cámara reciban cursos contra el acoso sexual, bajo amenaza de sanción si se niegan.
El texto, presentado por los socialdemócratas, salió adelante la semana pasada con el apoyo de todos los grupos, tras un tenso debate que provocó discrepancias de voto dentro de los propio partidos. Entre las delegaciones españoles, PSOE, PP, Podemos y Cs apoyaron el documento, que contó con los votos en contra de los representantes de Vox. Isabel Benjumea, del PP, rechazó el texto, en contra del criterio de su grupo, mientras que Javier Zarzalejos y Juan Ignacio Zoido, del mismo partido, se abstuvieron, al igual que Javier Nart, antes en Cs.
Fuentes parlamentarias declaran a Libertad Digital que el informe "se carga la presunción de inocencia" al dar asumir que todos los eurodiputados y trabajadores del Parlamento europeo son presuntos acosadoras a los que es necesario instruir para que no cometan un delito. Aunque el texto no es vinculante, determina las actuaciones futuras del Parlamento europeo, incluso en materia legislativa.
La justificación
El documento, de ocho páginas, señala que "las víctimas de acoso sexual son a menudo personas que ocupan los puestos más vulnerables en el Parlamento, incluidos jóvenes profesionales, becarios, asistentes parlamentarios acreditados y agentes contractuales", lo que debería ser motivo de denuncia ante los tribunales.
"Considerando que el movimiento Me Too ha llevado a las instituciones de la Unión a planificar y empezar a adaptar sus normas y procedimientos internos con el fin de detectar, contrarrestar y sancionar mejor el acoso", asegura el documento, "sigue siendo necesario promover y continuar mejorando la igualdad de género y la aplicación de la integración de la perspectiva de género en la Unión", para justificar las medidas incluidas en el mismo.
Afirma que, pese a que la pandemia ha obligado a teletrabajar "reduciendo la probabilidad de sufrir acoso físico", también "ha dificultado que las víctimas de acoso denunciasen los casos y acudiesen a un asesor para recibir orientación y apoyo".
Las polémicas medidas
En el documento se reclama "formación obligatoria para todos los diputados a la mayor brevedad y desde el comienzo mismo de los mandatos en materia de lucha contra el acoso", justificación la obligatoriedad en que "la formación voluntaria ha demostrado ser insuficiente".
Además, pide elaborar "una lista pública de diputados que hayan participado en estas sesiones de formación en materia de lucha contra el acoso, que se publicará en el sitio web del Parlamento Europeo" y que se establezcan sanciones "cuando un diputado se niegue a participar en una formación obligatoria en materia de lucha contra el acoso". Como posible medida habla de "limitar la contratación de personal", entre otras iniciativas.
También reclama "formación obligatoria sobre la política de acoso cero del Parlamento para todas las personas que trabajan en sus dependencias de forma regular, proporcionándoles herramientas para reconocer todas las formas de acoso, incluido el acoso sexual en particular, y para denunciarlo".