Las guerras civiles en Siria y Libia -todavía no resueltas- crearon a finales de 2014 y principios de 2015 la mayor crisis migratoria que había vivido Europea desde la Segunda Guerra Mundial. Los políticos europeos realizaron declaraciones grandilocuentes y pusieron la mejor de sus sonrisas para intentar solucionar la situación, pero las palabras no fueron respaldadas por los hechos. Los 28 países de la Unión Europea eran incapaces de ponerse de acuerdo.
El principal punto de fricción era cómo se repartían los cientos de miles de refugiados e inmigrantes que estaban llegando a suelo europeo. Eran pocos los países, todavía no recuperados de la fuerte crisis económica iniciada la década anterior, que estaban dispuestos a gastar una buena cantidad de millones de euros en acoger a estas personas. Pero sí estaban de acuerdo en una cosa: había que combatir a las mafias de la inmigración ilegal que se estaban haciendo de oro con la situación.
Para solucionar el problema por el sureste de Europa se llegó a un acuerdo millonario con Turquía, cerrando una de las vías de entrada a Europa. Pero la misma solución no era viable con la ruta que se había abierto en el Mediterráneo Central, donde los traficantes aprovechaban el vacío de poder en Libia y su capacidad económica para comprar voluntades y milicias y lanzar al mar decenas de embarcaciones diarias rumbo a Europa.
Es así como la Unión Europea puso en marcha en abril de 2015 la operación Sophia. Una misión que se aprobó unas semanas después de que un barco con 800 inmigrantes y refugiados a bordo se hundiera frente a las costas del país norteafricano. El objetivo principal era acabar con las mafias de la inmigración ilegal que estaban operando en el Mediterráneo Central, al tiempo que se rescataban las embarcaciones atestadas de gente que cruzaban el mar de sur a norte.
Además, se ha estado formando durante estos años a la guardia costera y a la Armada libia, para que tengan capacidad para controlar por ellos mismos la actividad ilícita en sus costas. De paso, las embarcaciones europeas contribuían a la aplicación del embargo de armas de las Naciones Unidas en alta mar frente a las costas de Libia.
Una veintena de países se comprometieron a participar en la misma, aunque con diferentes grados de implicación. Bajo bandera de la UE, varios buques de guerra patrullaron las aguas cercanas a las costas de Libia rescatando inmigrantes a la deriva mientras trataban de acabar con el material que usaban las mafias. Se rescataban inmigrantes, pero también se destruían unas embarcaciones que eran usadas una y otra vez por las mafias, y se atacaba y hundía los barcos nodrizas que empleaban.
Los buques eran apoyados desde el aire por varios aviones de vigilancia marítima, que tenían su base en unas instalaciones militares a las afueras de Sigonella, a unos kilómetros de Catania, la segunda ciudad más grande de Sicilia. España, uno de los países más implicados en esta misión, aportó de manera permanente un destacamento aéreo, compuesto por un avión C235, y una embarcación (participaron tanto fragatas como Buques de Acción Marítima).
Las cifras a día de hoy de esta misión son contundentes: 151 sospechosos de tráfico de personas han sido detenidos, se han destruido 551 embarcaciones de las mafias, se ha verificado la actividad de 2.462 barcos y se han rescatado a más de 45.000 inmigrantes. Pero el problema es que estas cifras no han variado desde el pasado mes de marzo, cuando los países de la Unión Europea dejaron en stand by la operación Sophia.
El problema fue el mismo que en 2014 y 2015: cómo se hacía el reparto de los inmigrantes que llegaban a suelo italiano. Y es que, pese a las promesas del resto de países de la UE, las personas rescatadas en el mar entre 2015 y 2019 se quedaron en Italia y fue este país el que ha tenido que enfrentarse en solitario al problema. Y es éste el motivo por el que Italia bloqueó el pasado mes de marzo la renovación total de la misión.
Los italianos exigieron para no vetar la renovación de la operación Sophia que se suspendiesen las actuaciones marítimas hasta que no estuviera resuelto el problema del reparto de los inmigrantes. La fecha límite para resolver el problema es el 30 de septiembre, fecha en la que se debe renovar de nuevo, pero de momento no hay ningún tipo de acuerdo. Está por ver si Sophia volverá a ser lo que fue, se renovará casi solo nominalmente como ahora y desaparecerá por completo.
Este lunes, después de una videoconferencia con las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, entre las que se incluía el destacamento aéreo español desplegado en Sigonella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablaba así de esta misión de la UE: "Lo que más me duele es que Sophia, que es la única operación ejecutiva de la Unión Europea y la única focalizada en el sur de Europa, ha fracasado prácticamente".
La realidad es que las mafias del tráfico de personas se han quedado desde marzo sin nadie que les plante cara en el Mediterráneo Central y continúan lanzando sus barcos llenos de inmigrantes al mar, lo que les genera pingües beneficios.