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El gobierno alemán no vetará la extradición de Puigdemont

El semanario Der Spiegel adelanta que, según fuentes gubernamentales, el ejecutivo de Merkel se mantendrá al margen de lo que decida la Justicia.

Merkel, en una imagen reciente. | EFE

El Gobierno alemán no vetará una eventual decisión de la Justicia de extraditar a España al expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont, como quieren los abogados de la defensa, según informaciones del semanario Der Spiegel de las que se hace eco Efe.

El Ejecutivo de Angela Merkel, apunta la revista citando fuentes gubernamentales, considera que dar ese paso - el veto - sería una "afrenta jurídico-política hacia los estados federados", a los que se han transferido las competencias de autorizar las extradiciones.

Puigdemont, procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos en el marco del proceso secesionista, fue detenido el pasado domingo en el norte de Alemania poco después de cruzar la frontera danesa y enviado a prisión mientras la Fiscalía del estado de Schleswig Holstein estudia la euroorden española.

Acuerdo con el ministerio

Según Der Spiegel, la Fiscalía se ha puesto ya de acuerdo con el Ministerio alemán de Justicia, que no tiene intención de vetar una eventual extradición. En conversación telefónica el mismo domingo, tras la detención de Puigdemont, la titular de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, el ministro de Exteriores, Heiko Maas, el responsable de la Cancillería, Helge Braun, y el secretario de Estado de Interior, Hans-Georg-Engelke estuvieron de acuerdo en que no debe haber "ninguna intromisión política" en el caso.

El abogado alemán contratado por Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ha pedido públicamente al Gobierno que haga uso de la posibilidad que le ofrece la ley de no autorizar una eventual extradición del político catalán.

En la orden europea e internacional de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena se resalta que Puigdemont ignoró los avisos de la eventual escalada de violencia en Cataluña si el 1 de octubre se celebraba el referéndum, considerado ilegal por la Justicia española.

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