La polémica por el gasto que genera que la Eurocámara se reparta el trabajo entre Bruselas y Estrasburgo lleva viva más de dos décadas, pero, a ojos de un buen número de diputados de todo el espectro parlamentario, en vísperas de elecciones y en plena ola de austeridad, ha dejado de ser una batalla melancólica para convertirse en una prioridad política.
De hecho, las críticas hacia la doble sede –triple, en realidad, porque, en Luxemburgo también hay un edificio donde trabaja parte del personal administrativo del Parlamento Europeo- han llegado durante esta legislatura más lejos que nunca. Una amplia mayoría de diputados (casi 500 de los más de 700) cuestionaron "un derroche" que cifraron en torno a los 200 millones de euros anuales y en las 19.000 toneladas de CO2.
El informe, en el que se pide un cambio en los tratados y la reorganización del calendario parlamentario, fue aprobado el pasado mes de noviembre en lo que, aunque simbólico, ha sido un paso histórico en la campaña por aglutinar todos los trabajos del Parlamento Europeo en Bruselas. Dicho paso supondría, según el último informe oficial, un ahorro de 103 millones de euros, aunque, eso sí, obligaría también a ampliar oficinas para reubicar al personal de Estrasburgo y Luxemburgo.
Cuestión de cifras
La campaña por una sede única es una historia que se puede resumir en cifras. Más de 400 kilómetros separan los dos despachos que cada uno de los 766 eurodiputados (751 a partir de la próxima legislatura) tienen en Bruselas y Estrasburgo. La distancia es recorrida por sus señorías, sus más de 5.000 empleados, papeles y material de oficina, 12 veces al año para celebrar la sesión plenaria, un vaivén que muchos tildan de "circo parlamentario" y que, de momento, tiene la bendición de los tratados y la sacrosanta protección de Francia. En concreto, Estrasburgo defiende con uñas y dientes un estatus que hoteles y servicios se encargan de aprovechar subiendo los precios cuando, cada mes, desembarcan en la ciudad alsaciana miles de empleados con los bolsillos llenos de dinero público.
Los más críticos calculan el derroche en millones de euros, se apoyan en estudios y esgrimen argumentos medioambientales. Pero basta un solo paseo por los pasillos del Parlamento Europeo en Bruselas un viernes antes de sesión parlamentaria para comprender la dimensión de la polémica. La anomalía de una institución repartida entre dos países se evidencia en la estampa de asistentes y asesores haciendo sus "maletas" y llenando baúles enteros de papeles y material de trabajo; y en miles de personas poniendo rumbo a una ciudad mal comunicada y con insuficientes plazas hoteleras. Lo mismo ocurre los jueves por la tarde, cuando la sede de Estrasburgo se vacía para quedarse vacía, consumiendo luz y calefacción, durante el resto del mes.
Además del excesivo gasto, el informe aprobado esta legislatura argumenta que las sesiones plenarias arrancan a los diputados de su habitual contacto con lobbies, Gobiernos y medios de comunicación. De hecho, la Eurocámara, en colaboración con la Asociación de la Prensa Internacional, se puso de acuerdo para, con los más de 10.000 euros mensuales con los que cuenta el Parlamento para invitar a periodistas de los 28 Estados miembros a conocer sus sedes, pagar también el esporádico desplazamiento y alojamiento de corresponsales europeos desde Bruselas hasta la ciudad francesa durante las sesiones plenarias.
Con los Gobiernos en contra
La batalla por la sede única no es nueva, pero el contexto sí. Y los ponentes del informe aprobado en esta legislatura, el británico Ashley Fox y el alemán Gerald Häfner, aprovecharon los nuevos poderes del Parlamento Europeo para reclamar "más democracia". El alemán, del grupo de los Verdes, reclamaba a quien quisiera escucharlo no ser tratado como "mera burocracia", sino como la única institución europea elegida directamente por los ciudadanos y, por tanto, con "derecho a decidir sobre su propio calendario y organización".
Pero las reivindicaciones de los principales grupos políticos topan con los intereses de los Gobiernos, que, para cambiar la situación, deberían modificar los tratados y votar si merece la pena continuar celebrando en Estrasburgo doce sesiones al año. El voto requeriría una unanimidad que, hoy por hoy, es imposible y que Francia, en defensa de los beneficios que las sesiones reportan a Estrasburgo, no permitirá.
Un cambio en los tratados como el que piden ya se ha efectuado en los últimos años para, por ejemplo, crear el fondo de rescate permanente.