El programa de recortes del primer ministro francés, Manuel Valls, recibió este martes el respaldo mayoritario de los diputados, pese a que se registraron algunas discrepancias en el seno del mayoritario Partido Socialista -PS-.
Según recoge Efe, los 50.000 millones de euros de ahorro para los próximos tres años, con una congelación de pensiones, de salarios de funcionarios y de algunos servicios públicos, recibió el voto favorable de 265 legisladores, frente a los 232 que se manifestaron en contra. Unos 40 diputados socialistas no apoyaron el proyecto de Valls y prefirieron abstenerse, lo que marca la división interna que hay en el partido que apoya al Gobierno.
El primer ministro había puesto toda la carne en el asador en un voto que era consultivo, pero que representaba un enorme riesgo para el Ejecutivo. Una derrota hubiera evidenciado la falta de apoyo del gabinete. El propio Valls lo había advertido: el sufragio de los diputados "condiciona a la vez la legitimidad del Gobierno, su capacidad de controlar a su mayoría parlamentaria y, sobre todo, la credibilidad de Francia". En los últimos días, había hecho concesiones para garantizarse el voto de los sectores más moderados de su partido, pero las 41 abstenciones socialistas registradas muestran que hay una fractura dentro de la formación.
Valls había dejado al margen de la congelación a las pensiones por debajo de los 1.200 euros y a los funcionarios con los salarios más bajos, pero no fue suficiente para convencer al sector más izquierdista de su partido, que pedía un giro político más profundo.
Consideran esos diputados que el recorte va demasiado lejos y demasiado rápido y pedían rebajarlo a 35.000 millones y solicitar un plazo suplementario a Bruselas para cumplir con los compromisos de déficit. "Millones de franceses esperan de la izquierda otro tipo de política", explicó el diputado socialista Christian Paul, uno de los que se abstuvo.
Un giro hacia el centro
Dos años después de que la victoria del socialista François Hollande en las elecciones presidenciales acabara con el poder de la derecha con un discurso muy progresista, el programa de Valls aparece como un giro hacia el centro.
Su plan reposa en una bajada de impuestos para las empresas, valorada en 30.000 millones de euros, con el compromiso de que usen ese dinero para mejorar su competitividad, con nuevas inversiones y, sobre todo, con contrataciones. En ningún caso, dijo Valls, como sospechan los sindicatos y los neocomunistas, para "aumentar los dividendos de los accionistas o las remuneraciones de los directivos".
El objetivo es relanzar la economía, pero, sobre todo, estimular el mercado laboral, que hasta ahora ha logrado frenar el crecimiento del paro solo con contratos subvencionados. Para financiarlo sin erosionar el poder adquisitivo de los franceses con una nueva subida de impuestos, el plan Valls prevé recortar 50.000 millones de euros del gasto público, esencialmente congelando las pensiones, los salarios públicos y algunos servicios. La administración central ahorrará 18.000 millones, los entes locales 11.000 millones, la seguridad social 10.000 millones y los servicios públicos otros 11.000 millones.
Valls defendió que esos recortes son "justos" y están "bien repartidos" y negó que se trate de un plan de austeridad porque, afirmó, mantienen los servicios públicos en su nivel actual y se proponen avances en algunos, como la educación, donde se contratarán 60.000 docentes en cinco años, la seguridad y la justicia.
Frente a su programa, el primer ministro escuchó las críticas de la oposición, en particular de los conservadores de la Unión por un Movimiento Popular -UMP-, cuyo presidente, Jean-François Copé, poco dado a tomar la palabra en el Parlamento, sentenció que el plan Valls "no tendrá ningún efecto positivo".
En contraposición, animó al Gobierno a fijarse en los ejemplos de otros países, como Reino Unido, que ha estabilizado el paro; Alemania, que aumenta sus exportaciones, o España, "que hace un esfuerzo considerable en la reducción del déficit".
Su colega conservador Hervé Mariton, que no se cree las cifras presentadas por el Gobierno, pidió a Valls el compromiso de dimitir en el caso de que Francia no reduzca hasta el 3 % su déficit en 2015.
La derecha considera que el plan es poco ambicioso y pide unos recortes de 130.000 millones de euros, aunque, como criticó Valls, "no explican de dónde sacarán ese dinero".