En principio, y con la ley europea en la mano, Bruselas no ve inconveniente a las medidas que prepara el Gobierno alemán para poner coto al acceso de inmigrantes europeos a las prestaciones sociales y restringir el permiso de residencia en el país de quien busca empleo.
Aunque en la Comisión European aseguran que se mantendrán vigilantes a que las medidas adoptadas en Berlín no estén reñidas con el Derecho comunitario, el lenguaje del portavoz del comisario de Empleo, el socialista Laszlo Andor, hace presagiar que el Gobierno alemán tiene el beneplácito de Bruselas al endurecimiento de su política migratoria.
Y es que la propia ley invocada desde Bruselas, la Directiva de Libre Circulación de Trabajadores, sí prevé la posibilidad de que los Estados miembros de acogida establezcan una serie de restricciones o exigencias a los inmigrantes europeos que pretendan quedarse en su territorio más allá de los tres meses. "Nadie tiene el derecho absoluto de residencia en otro Estado miembro", recordó este jueves el portavoz Jonathan Todd.
La Directiva con la que desde Bruselas arbitrarán las decisiones de Berlín permite entrar y residir libremente –salvo que concurran razones de orden público, de seguridad o de salud pública- en cualquier país comunitario durante 3 meses. A partir de ese límite, cada Gobierno puede exigir al inmigrante que tenga un empleo, o que demuestre que dispone de medios para vivir "sin suponer una carga para el país de acogida", puntualizó un portavoz. Los ciudadanos extranjeros que se quedan en paro tienen garantizados por la ley comunitaria, seis meses después de los cuales, sobre el papel, las autoridades del Estado miembro receptor podrían expulsarlo, una decisión que debe ser argumentada en base a una serie de elementos que la Comisión Europea velaría por que no fueran abusivos.
Mientras que los aspirantes a un empleo deben probar que tienen "verdaderas posibilidades" de obtenerlo, los estudiantes y demás población activa sólo podrán residir durante más de tres meses si "disponen de suficientes medios económicos y de un seguro de enfermedad para sí mismo y su familia, de modo que no sean una carga para el sistema de asistencia social ni sanitario del país de acogida".
En todo caso, en Bruselas, tan vehementes en otras ocasiones a la hora de defender la libertad de circulación, pilar de la propia construcción europea, renuncian a iniciar un pulso verbal con Berlín antes de tener la norma sobre la mesa. "Es demasiado pronto para tomar posición", alegó un portavoz antes de recordar que los resultados del informe preliminar que estos días elabora el Gobierno de Angela Merkel no se conocerán hasta junio.
El endurecimiento de la política migratoria que planea Alemania estos días ha avivado la mecha de un debate que ya encendió la crisis, pero que se ha agravado este año, cuando, europeos ya desde 2004, ciudadanos rumanos y búlgaros conquistaron, con los tratados en la mano, las mismas libertades que el resto de europeos.