El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha respondido con sorna a las críticas que le acusan, como el Gobierno, de haber sido demasiado duro, o bien, como la Defensora del Pueblo de la UE, demasiado laxo con el fútbol español, al que -ahora sí de forma oficial- ha abierto una investigación por presuntas ayudas públicas ilegales a siete clubs.
Presumiendo de que su profesionalidad no deja sitio para conflictos de interés, como el hecho de ser hincha del Athletic, Almunia ha tachado de "juicios de intención infundados" las críticas que le dedicó la Defensora del Pueblo de la UE. "No sé si responder con sonrisa o con una carta en términos más serios", replicó.
En cuanto al hecho de que fuera el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, el que, desde Bruselas, informara días atrás sobre el procedimiento de infracción hecho oficial este miércoles, el comisario Almunia se quejó con ironía de la inexactitud de la filtración, que días antes ponía a los medios sobre la pista de las sospechas de la Comisión incluyendo al San Mamés, que sin embargo, no está siendo investigado. "Al menos que revise sus fuentes antes de filtrar algo", sugirió. "Es erróneo lo que dice el Gobierno", dijo, además, en alusión a la acusación, vertida también por el ministro Margallo, de que está perjudicando al fútbol y a la marca España.
Siete bajo sospecha
Si el San Mamés, del que el comisario presume de sentirse "muy orgulloso", ha quedado fuera de la investigación "por ahora", lo cierto es que Almunia no descarta investigarlo en el futuro ni aclara si ha recibido denuncias al respecto. A la que sí ha señalado con claridad es a la ciudad deportiva del Real Madrid, a la que investiga por la permuta de un terreno en Valdebebas con el Ayuntamiento de Madrid.
También al Real Madrid, junto al Barça, Athletic de Bilbao y Osasuna, les acusa de no haberse erigido en sociedades anónimas deportivas, acogiéndose así a un régimen fiscal más ventajoso. En cambio, a tres equipos valencianos (Valencia, Hércules y el Elche) les investiga por los avales de 118 millones de euros concedidos por la Generalidad de Valencia.
Argumentando que el fútbol es un sector económico más, el departamento de Competencia del Ejecutivo comunitario exige a los equipos que costeen su "funcionamiento y sus inversiones aplicando una buena gestión financiera en lugar de hacerlo con cargo al contribuyente".
Se abre ahora un periodo de alegaciones y, si las sospechas de Bruselas se confirmaran, los quipos tendrían que devolver las ayudas.