Los servicios de comunicación de la Comisión Europea han perdido la cuenta de la cantidad de veces que han respondido a lo que comúnmente denominan el "asunto catalán". Y el enunciado de la pregunta doble a la que el Gobierno catalán y sus socios quieren presentar a sus ciudadanos, y que los portavoces evitan expresamente valorar, no les ha hecho cambiar un centímetro sus posturas. Y es que han sido muchas las veces en que Bruselas ha tenido que tirar de tratados para advertir que una Cataluña independiente no tendría sitio en la Unión Europea y que, por tanto, tendría que hacer cola para volver a ingresar, lo cual exigiría el voto favorable de todos y cada uno de los Estados miembros.
"No estamos ante ese escenario" o "son asuntos internos" son algunas de las fórmulas en que viene envuelta la consigna oficial. Aducen que hoy Cataluña no es sino "una parte de un Estado miembro", en palabras de varios portavoces, y esquivan incluso pronunciar directamente el nombre de España o Cataluña, para evitar entrar en un terreno que saben altamente inflamable.
No eluden, sin embargo, citar los tratados cada vez que, con frecuencia creciente, algún periodista pregunta sobre el desafío nacionalista del gobierno catalán, o incluso cuando son los propios enviados de la Generalidad los que se dirigen a la Comisión Europea en busca de criterio. Así sucedió el pasado mes de noviembre, por ejemplo, cuando el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, en una respuesta escrita al eurodiputado de CiU, Ramón Tremosa, reiteró la postura que ya habían venido esgrimiendo otros comisarios y sus colaboradores y que, de nuevo, remiten a los textos legales de la Unión. "Un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la UE y los Tratados dejarían de ser aplicables en su territorio", explicaba.
Antigua polvareda
Más mediático, casi estruendoso, fue el portazo que recibieron cuatro eurodiputados catalanes cuando solicitaron a la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, protección ante una "posible intervención militar". Y es que el tema no es nuevo, como tampoco lo es el interés de la prensa por un debate que, insisten fuentes comunitarias, "es interno". Se ha cumplido ya más un año desde que el presidente de la Generalidad planteó su desafío al Gobierno, redobló sus viajes "diplomáticos" a Bruselas –con escasos frutos en todas las ocasiones-, y anunció un referéndum, haciendo oídos sordos a las advertencias europeas, que hablaban de la dificultad de reingresar en el club comunitario.
El proceso de adhesión es un camino complicado que exigiría a Cataluña, por ejemplo, realizar una solicitud de ingreso que, de ser aceptada por los (hasta ahora) 28 miembros de la UE, requeriría, a su vez, que Cataluña negociara con ellos las condiciones de su admisión. Hablar de acuerdo entre los 28, conviene recordar, es hablar de una conferencia intergubernamental y ratificaciones en cada uno de sus parlamentos y de la posterior ratificación de la Eurocámara. Aunque en las instituciones europeas hay quien mantiene que "se encontraría una vía rápida" para dar cabida a Cataluña de forma semi automática, lo previsible es que la situación, por inédita, produjera una grave crisis política en el seno de la Unión.