Eurodiputados cuestionan el despilfarro de la doble sede

Los eurodiputados críticos con la doble sede han dado un paso esta semana para poner fin a "un derroche" que cifran en 200 millones de euros y 19.000 toneladas de CO2 anuales. El informe, en el que piden un cambio en los tratados y la reorganización del calendario parlamentario, ha sido aprobado en la comisión de asuntos constitucionales y se votará en el pleno el próximo mes de noviembre.

La campaña por una sede única es una historia que se puede resumir en cifras. Más de 400 kilómetros separan los dos despachos que cada uno de los 766 eurodiputados tienen en Bruselas y Estrasburgo. La distancia es recorrida por sus señorías, sus más de 5.000 empleados, papeles y material de oficina, 12 veces al año para celebrar la sesión plenaria, un vaivén que muchos tildan de "circo parlamentario" y que, de momento, tiene la bendición de los tratados y la sacrosanta protección de Francia. En concreto, Estrasburgo defiende con uñas y dientes un estatus que hoteles y servicios se encargan de aprovechar subiendo los precios cuando, cada mes, desembarcan en la ciudad alsaciana miles de empleados con los bolsillos llenos de dinero público.

Los más críticos calculan el derroche en millones de euros, se apoyan en estudios y esgrimen argumentos medioambientales. Pero basta un solo paseo por los pasillos del Parlamento Europeo en Bruselas un viernes antes de sesión parlamentaria para comprender la dimensión de la polémica. La anomalía de una institución repartida entre dos países se evidencia en la estampa de asistentes y asesores haciendo sus "maletas" y llenando baúles enteros de papeles y material de trabajo; y en miles de personas poniendo rumbo a una ciudad mal comunicada y con insuficientes plazas hoteleras. Lo mismo ocurre los jueves por la tarde, cuando la sede de Estrasburgo se vacía consumiendo luz y calefacción durante el resto del mes.

Además del excesivo gasto, el informe argumenta que las sesiones plenarias arrancan a los diputados de su habitual contacto con lobbies, Gobiernos y medios de comunicación.

"Esta vez es prioridad"

La batalla no es nueva, pero el contexto sí. La polémica lleva viva más de dos décadas, pero, a ojos de un buen número de diputados de todo el espectro parlamentario, en vísperas de elecciones y en plena ola de austeridad, ha dejado de ser una batalla melancólica para convertirse en una prioridad política.

Los ponentes del informe, el británico Ashley Fox y el alemán Gerald Häfner, han querido aprovechar los nuevos poderes del Parlamento Europeo para reclamar "más democracia". El alemán, del grupo de los Verdes, ha reclamado en varias ocasiones no ser tratado como "mera burocracia", sino como la única institución europea elegida directamente por los ciudadanos y, por tanto, con "derecho a decidir sobre su propio calendario y organización".

Reivindican a los Gobiernos que se puedan cambiar los tratados y se pueda entonces votar si merece la pena continuar celebrando en Estrasburgo doce sesiones al año.

"Se impondrá el sentido común"

De los eurodiputados contactados por LD, de distintos grupos políticos y países, todos simpatizan con la batalla contra la doble sede, aunque, acostumbrados al estribillo de "está en los tratados", consideran "casi imposible" que las cosas puedan ser diferentes. Muchos se quejan de que no hay vuelo directo de su ciudad hasta Estrasburgo, de tener que perder el tiempo el largos viajes de tren, o del precio de los hoteles.

Los ponentes del informe saben de este clima de simpatía hacia su causa. De ahí que hablen de una "súper mayoría" que querría simplificar su trabajo y ahorrar tiempo y dinero. Pero conocen también las presiones recibidas por los grandes grupos parlamentarios (PPE y grupo socialista) desde las capitales, y por eso, el conservador británico Ashley Fox propuso que el voto fuera secreto. "¡Apuesto a que hasta los franceses se atreven entonces a votar a favor!", ironiza por los pasillos.

Contentos tras haber ganado el voto en la comisión de Asuntos constitucionales, los ponentes están convencidos de que el mes que viene, cuando el Parlamento vote el informe en el pleno, "se impondrá el sentido común".

Un cambio en los tratados como el que piden ya se ha efectuado en los últimos años para, por ejemplo, crear el fondo de rescate permanente.