En Francia, cerca de 3.000 neonazis han visto como en los últimos días eran disueltas casi todas los grupos mediante los cuáles se organizaban. Esta disolución corresponde a las medidas tomadas por el gobierno en reacción a la muerte del joven antifascista Clément Méric.
A su petición, Manuel Valls y Christiane Taubira, ministros de Interior y de Justicia, iniciaron el procedimiento para instar a la ilegalización de estos movimientos.
Para justificar esta disolución el gobierno utilizó el artículo 212.1 del Código de seguridad interior que prohíbe toda asociación que incite a "la discriminación, el odio, la violencia hacia una persona o un grupo de personas". Esta ley se utilizó en 1936 para prohibir los movimientos fascistas franceses en un verdadero contexto de riesgo para la democracia francesa.
El gobierno alegó que la medida era necesaria para descabezar un movimiento neonazi que se ha hecho excesivamente fuerte en los últimos años. Manuel Valls anunció que se iba a instar a la disolución de 7 "asociaciones" vinculadas a los grupos más radicales de la extrema derecha francesa. Para Valls, esta disolución sólo afecta a grupos, minoritarios y violentos, de marcado carácter neonazi.
Entre estas asociaciones se encontraban, evidentemente, Tercera Vía y las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias a las que pertenecía Esteban Morillo, el joven de origen español, que asestó el golpe mortal a Clément Méric.
La reacción de la extrema derecha
Los neonazis no recibieron el apoyo de ningún otro grupo de ultra-derecha.
El poderoso Bloque Identitario, situado a la derecha del Frente Nacional, que cuenta con cerca de 2000 militantes ha guardado silencio. Este grupo se desvincula por tanto de los grupos más radicales y mantiene una línea más cercana a la del Frente Nacional, de rechazo al neonazismo.
Por otro lado, la extrema derecha parlamentaria se aprovecha del descontento y sigue ganando apoyos. El Frente Nacional se ha consolidado como el partido favorito de los jóvenes con cerca del 33% de intención de voto en el grupo de los menores de 30 años según un sondeo de I tele publicado por le Point.
Un juicio muy mediático
Tras haber valorado varias pruebas y haber recabado testimonios el juez acusa a Morillo de "violencia, con resultado no voluntario de muerte", figura jurídica comparable al homicidio involuntario. Pese a lo solicitado por el fiscal el juez no acusó a Morillo de homicidio voluntario al considerar que no estaba probado la motivación.
Por otro lado, todos los grupos políticos han solicitado tranquilidad para que la Justicia pueda actuar con total independencia sin sufrir ningún tipo de presión.