Los ciudadanos no belgas que planeen instalarse (y registrarse como residentes) en la ciudad de Amberes a partir de mayo, tendrán que pagar al consistorio casi 300 euros de tasa por el mero hecho de su extranjería. Aunque no es la primera vez, desde que el separatismo se hiciera con la ciudad flamenca (capital económica del país), que el alcalde Wart de Wever se convierte en protagonista de una polémica, esta vez la medida, contestada con vigor desde la Comisión Europea, ha trascendido las broncas domésticas de un país dividido.
Frente a los 17 euros que los belgas están obligados a abonar al consistorio para instalarse en Amberes, los extranjeros -también los europeos, con la excepción de los estudiantes Erasmus y los refugiados- tendrán que abonar 267 euros. La decisión, que el alcalde secesionista justifica por "los elevados costes burocráticos de expedir estos documentos", ha hecho tronar la voz de la Comisión Europea, que ha querido recordar "el derecho de los ciudadanos europeos y sus familias a recibir los documentos sin cargo, o con cargo similar al de los nacionales".
La polémica, además, se ha avivado cuando un representante del partido nacionalista de extrema derecha, Vlaams Belang, considerado el brazo incorrecto de los secesionistas de la Nueva Alianza Flamenca, ha pretendido desenmascarar las verdaderas razones del alcalde. "No lo quieren admitir para que no se les acuse de racismo –dijo Dewinter a la prensa en representación de su partido nacionalista-, pero la razón de todo esto es que vienen extranjeros no europeos sin ningún tipo de ingreso". "Emigrantes del Norte de África sin dinero, ésa es la clase de gente que no queremos que se instale aquí y traiga aquí a sus niños y a sus padres", disparó.
Al margen de las razones, admitidas o soterradas, de la polémica medida, la Comisión Europea tronó contra esta medida impositiva y, con la directiva de Libre circulación en la mano, recordó que "el libre movimiento de personas entre Estados miembros de la UE es uno de los éxitos más palpables de los últimos 60 años de integración europea", aseguró en un comunicado.
Sin embargo, el consistorio, ajeno a las críticas, asegura que sólo violaría la legislación comunitaria si discriminara entre ciudadanos europeos y no europeos (permitiendo, por ejemplo, instalarse sin cargos a un español y no a un marroquí).
Otras ciudades flamencas como Gante o Malinas han sopesado la misma medida sin llegar a ponerla en práctica por falta de apoyo.
La bronca ha llegado al parlamento nacional, desde donde la izquierda describe la tasa como "simple y pura discriminación" y amenaza con llevarla a la corte suprema de Bélgica.
La polémica podría, además, dar alas a Reino Unido, que también pretende cobrar 64 euros a los europeos y no europeos que deseen instalarse en la isla británica durante un periodo superior a tres meses.
Controversia conocida del nacionalismo flamenco
Si este otoño el alcalde secesionista indignaba al colectivo homosexual al prohibir a sus empleados públicos que lucieran camisetas que "parecen gritar ‘soy gay’", en el pasado los rifirrafes lingüísticos, y hasta étnicos, que han germinado en el cinturón que rodea Bruselas en los últimos años han escandalizado incluso a las Naciones Unidas. En 2010, cuatro alcaldes se pusieron de acuerdo para someter a un proceso de selección a los potenciales compradores de propiedades en suelo flamenco para exigir el manejo del neerlandés o, por lo menos, la intención de aprenderlo. Entonces, el Alto Comisariado para los Derechos Humanos dio un toque de atención a las autoridades de estos municipios, que practican, a ojos de la ONU, una "discriminación inmobiliaria". Otro alcalde, el de Linkebeek, Damien Thiery, denunció entonces que "Flandes utiliza métodos antidemocráticos para acorralar a las minorías (francófonas)".