El presidente egipcio, Mohamed Mursi, decidió hoy anular la polémica declaración constitucional por la que blindó sus poderes ante la Justicia, informó uno de los miembros del comité encargado de redactar un nuevo decreto que sustituyó al cancelado.
Según anunció en rueda de prensa el islamista Mohamed Selim al Awa, que participó en el diálogo nacional convocado por Mursi, el referéndum sobre la nueva Constitución se mantiene para el 15 de diciembre.
La anulación del acta constitucional era una de las exigencias de la oposición, junto al aplazamiento del plebiscito que finalmente se celebrará como estaba previsto.
La comisión, integrada entre otros por Al Awa y el político liberal Ayman Nur, redactó una nueva declaración constitucional que ya ha sido promulgada por Mursi y cuyo primer artículo anula la anterior, del 21 de noviembre.
La nueva acta constitucional no hace alusión al controvertido blindaje de los poderes que Mursi se había otorgado anteriormente, ni a la inmunidad judicial garantizada a la Asamblea Constituyente y a la Shura (Cámara alta).
El nuevo texto dice que si la nueva Constitución es rechazada en referéndum, el presidente deberá elegir una nueva Asamblea Constituyente en un plazo de tres meses, compuesta por cien personas, que deberá terminar sus trabajos en un período no superior a los seis meses.
La nueva declaración constitucional mantiene la posibilidad de juzgar a los responsables de los asesinatos de manifestantes y civiles cometidos entre el 25 de enero de 2011, cuando comenzó la revolución contra Hosni Mubarak, y el 30 de junio de 2012, cuando Mursi asumió el cargo tras ser elegido.
Finalmente, este anuncio constitucional se declara a sí mismo, y a todos los anteriores emitidos desde la caída de Mubarak, inapelable ante los tribunales. En cuanto al referéndum, el vicepresidente egipcio, Mahmud Meki, aseguró en la rueda de prensa que habrá suficientes jueces para supervisar la consulta, después de que algunos grupos de la judicatura anunciaran que no van a participar en la vigilancia del mismo.
El diálogo nacional, en el que se tomaron estas decisiones para dar una salida a la crisis política en el país, fue boicoteado por la oposición no islamista, unida en el "Frente de Salvación Nacional".