Colorado, Illinois y Maine han vetado a Donald Trump como opción para los votantes tanto de las elecciones primarias como de las presidenciales. El equipo de Donald Trump denunció esas decisiones como "activismo judicial" y las recurrió. El primer caso, el de Colorado, fue escuchado por el Tribunal Supremo el 8 de febrero y, dado el escepticismo mostrado por incluso los magistrados más a la izquierda del Tribunal ante los argumentos favorables a excluir a Trump, se daba por descontado que fallarían a favor del expresidente, como han hecho por unanimidad, lo que deja a las claras la nula base legal de esas decisiones.
De hecho, tanto autoridades electorales como los tribunales han rechazado las peticiones de vetar la papeleta de Trump en las elecciones en más de una decena de estados. Solicitudes cuyo argumento legal se basa en la decimocuarta enmienda de la Constitución, que forma parte del conjunto de enmiendas ratificadas tras la guerra de secesión. La sección tercera de la enmienda excluye de los cargos públicos federales a quienes hayan incurrido en insurrección o rebelión contra los Estados Unidos.
Había una cierta discusión legal sobre si la presidencia de Estados Unidos se considera "cargo público" según el uso habitual de esos términos en el lenguaje legal. Pero la base del fallo unánime del Tribunal Supremo es de competencia: es el Congreso quien debe decidir si Trump es culpable de "insurrección o rebelión", no los estados. Todas las llamadas "enmiendas de la Reconstrucción", incluyendo la decimocuarta, limitan considerablemente el poder que tenían los estados antes de la guerra de secesión y resultaría absurdo considerar que justo en ese apartado en concreto lo ampliaran hasta el punto de dejar en sus manos quién puede y quién no puede presentarse a la presidencia de Estados Unidos. Especialmente cuando la enmienda explicita que es el Congreso el designado para hacer cumplir, vía legislación, las provisiones de la misma.
"Concluimos que los estados pueden descalificar a personas que ocupan o intentan ocupar cargos estatales. Sin embargo, los estados no tienen poder bajo la Constitución para hacer cumplir la Sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente la Presidencia", reza el fallo. Es precisamente sobre el papel del Congreso que hay discrepancias entre una mayoría de cinco magistrados y el ala izquierda del Tribunal, al que se ha sumado Amy Coney Barret. La mayoría considera que el papel del Congreso se limita a legislar y que, por tanto, sólo alguien condenado por insurrección o rebelión bajo una ley aprobada en el Congreso debería quedar excluido. Barret estima que no era necesario decidir sobre esta cuestión, ya que no era necesario para fallar contra Colorado. Los magistrados de izquierdas consideran que el Congreso tiene la facultad de decidir directamente si un candidato puede recibir el cargo, lo cual permitiría, por ejemplo, que la Cámara de Representantes se negara el próximo 6 de enero a certificar una hipotética victoria de Trump. Con este fallo, el Tribunal se lo prohíbe expresamente para evitar conflictos en el futuro.
De este modo, los republicanos de Colorado podrán votar por Trump mañana, en el llamado Super Martes en el que se celebran primarias en quince estados. "Una gran victoria para Estados Unidos", ha celebrado el propio Trump en su red social Truth Social, minutos después de que se hiciese pública la sentencia.