Giuliani alerta de que los tribunales "no quieren que se escuchen los hechos" y anuncia el plan B de Trump

No se lo esperaban. La decisión de la Corte Suprema ha dejado estupefactos a los abogados de Trump. El alto tribunal no ha admitido la demanda del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y 18 estados más, para dar por nulos los votos, en los estados de la batalla electoral, que emitieron "leyes electorales fraudulentas a última hora para favorecer la victoria de Joe Biden".

Rudy Giuliani y Jenna Ellis, defensores legales de la campaña de Trump, seguirán peleando judicialmente por demostrar que "hubo fraude electoral masivo", pese a este varapalo del Supremo. Ambos juristas no pueden creer que con el arsenal de pruebas que tienen entre manos, y sus más de mil declaraciones juradas, con testigos que han firmado exponiéndose a 15 años de cárcel, no se les escuche por parte de los magistrados y se rechacen sus demandas inmediatamente.

A los letrados de Trump les queda poco tiempo de cara al juramento del cargo de Joe Biden, como presidente de los EEUU, el próximo 20 de enero. Saben que lo tienen difícil. Aún más cuando Giuliani desvela que los tribunales le han comunicado que "prefieren mantenerse al margen". Un hecho que, de ser así, sería realmente grave, puesto que el conglomerado mediático pro-Biden, y las tecnológicas como Twitter, Facebook y Youtube, "habrían asumido el papel de jueces, ocultando las audiencias públicas ante los senadores estatales, y burlándose, en algunos casos, de los testigos", subrayaba el abogado.

A este respecto, cabe recordar que los abogados del presidente han hecho desfilar, durante jornadas maratonianas, en Wisconsin, Michigan, Arizona, Pensilvania y Georgia, a centenares de testigos, como el trabajador del Servicio Postal, que desveló que su vehículo desapareció con 288.000 votos, trabajadores freelance de Dominion, que atestiguaron "manipulación de las máquinas de votación", o pruebas como las del vídeo de seguridad en Georgia, que capta a funcionarios electorales, quienes desobedecieron las órdenes de los supervisores y permanecieron en el estadio Farm Arena, contando centenares de votos escondidos en cajas debajo de las mesas.

"Los hechos necesitan ser escuchados"

Después de las más de 40 horas de audiencias públicas en "los estados en los que hubo un plan sistemático y coordinado de fraude", tal y como desvela Giuliani, los tribunales parecen no estar interesados en oír lo que tiene que decir el equipo legal de Trump.

"La peor parte de esto es que los tribunales están diciendo que prefieren mantenerse al margen, y no quieren darnos una audiencia. No quieren que se escuchen los hechos. No quieren que el pueblo estadounidense escuche estos hechos", dijo Giuliani en una entrevista de Newsmax Tv.

Para el que fuera alcalde de Nueva York, el hecho de que los jueces los ignoren y hagan como que no pasa nada, "es un terrible error". El jurista afirma que, de no resolverse judicialmente, "esto seguirá siendo una llaga abierta en la historia de EEUU". Giuliani solicita que se juzguen las pruebas, ya sea para beneficio de Trump o no. "Los hechos necesitan ser escuchados, necesitan ser ventilados y alguien necesita tomar una decisión sobre si son verdaderos o falsos y algún tribunal tendrá el coraje de tomar esa decisión", confesó en la cadena americana.

El plan B de Trump

Ante este escenario hostil, a partir de ahora, la estrategia del equipo de Donald Trump será llevar el caso a los tribunales estatales, alegando los mismos hechos, y conseguir audiencias judiciales. Giuliani ya ha confirmado que "la batalla legal continuará", por lo que "pasarán al plan B". Es aquí donde entran en juego las demandas más ambiciosas que lleva paralelamente la abogada Sidney Powell.

La jurista que lucha para demostrar que "hubo fraude electoral a gran escala", ha interpuesto ya su demanda "kraken", con la que pretende demostrar la injerencia extranjera en las elecciones americanas, "la manipulación del software Smarmatic y las máquinas de Dominion Voting System, además de "señalar la corrupción de republicanos y demócratas, mediante pruebas y evidencias innegables", destacaba la abogada.

Powell ha presentado los casos de emergencia en Georgia, Michigan, Arizona y Wisconsin: "¡Presten atención! Hicimos presentaciones de emergencia en la Corte Suprema esta noche para Georgia y Michigan. En breve se presentará el caso Arizona y Wisconsin. Estos casos plantean cuestiones constitucionales y demuestran un fraude masivo. Nosotros, el pueblo, no permitiremos elecciones amañadas", informó la letrada en su cuenta oficial de Twitter.

Orden ejecutiva firmada en 2018

Si se demuestra que hubo tal interferencia extranjera, Trump recurriría a una orden firmada el 12 de septiembre del 2018, un as bajo la manga que guarda el presidente. Dicha orden otorga al Departamento de Justicia el poder de despojar sin juicio previo de "todos los bienes e intereses sobre bienes que se encuentren en los Estados Unidos, que en lo sucesivo se encuentren dentro de los Estados Unidos, o que están o en el futuro estarán en posesión o control de cualquier persona de los Estados Unidos" a cualquier persona extranjera por, entre otras causas, "haber participado, patrocinado, ocultado o haber sido cómplice directa o indirectamente de la interferencia extranjera en unas elecciones de los Estados Unidos; haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico" a la intromisión. Es decir, Trump tendría potestad para expropiar no solo los activos de empresarios y políticos implicados, también nacionalizaría empresas y fundaciones implicadas, independientemente de su tamaño.

Por último, y en el caso de que los tribunales desestimaran todas las demandas, Powell ya ha adelantado que "expondrán todas las pruebas públicamente", para que, al menos, "el pueblo estadounidense y el mundo sepa que Biden es un presidente ilegítimo". Y concluyó, "a ojos de todos se verá la corrupción y el fraude y no quedará lugar a dudas".