Trump se estrella contra el muro de los niños inmigrantes

Una de las razones por las que muchos norteamericanos votaron por Donald Trump fueron sus promesas de mantener a raya la inmigración ilegal. Y es el precio que tiene cumplir con esa promesa lo que estos días está abriendo las noticias y llegando a las portadas de los periódicos. Porque está provocando que aumente el número de niños traídos ilegalmente por sus padres a los que se separa de sus progenitores mientras se resuelve su situación legal.

Este asunto se intentó explotar hace un par de semanas cuando varias personalidades asociadas al Partido Demócrata, desde el escritor de discursos de Obama Jon Favreau hasta activistas como Linda Sarsour pasando por varios periodistas de CNN o el New York Times, publicaron unas fotos donde se veía a unos niños pequeños en una especie de celdas. La historia era que el malvado Trump los tenía ahí porque es un maldito racista, pero pronto se descubrió que las fotos habían sido tomadas en 2014, cuando gobernaba Obama, ante lo cual los arrebatos de ira e indignación moral se extinguieron tan rápido como habían surgido. Pero desde entonces los medios han vuelto a la carga tras encontrar un hecho diferencial entre la situación actual y la que se dio entonces: la política de tolerancia cero con la inmigración de la nueva administración.

Pero para entender qué ha hecho Trump hay que entender cómo funcionaba antes el sistema cuando se capturaba a alguien entrando ilegalmente con sus hijos en Estados Unidos. La norma indica que se separan niños de adultos en tres casos: cuando el adulto no es realmente progenitor del niño, cuando el adulto pone en peligro al niño o cuando el adulto está envuelto en un proceso penal. Hasta ahora, el Gobierno federal solía no perseguir la entrada ilegal en el país como un delito, pese a estar codificado como tal, cuando el inmigrante llegaba con sus hijos precisamente para no separarlos. De modo que se les negaba la entrada, los inmigrantes pedían asilo y, en cuanto se lo denegaban, eran deportados, manteniéndose juntos en todo momento. O así era en teoría.

El problema es que había un agujero legal en este procedimiento. Debido a un acuerdo judicial de 1997 llamado Flores Consent Decree, sólo se puede retener 20 días como máximo a los niños que llegan al país en situación irregular. Como el procedimiento para evaluar una petición de asilo casi siempre duraba más tiempo, las autoridades federales se veían ante un dilema. O dejaban a los niños en acogida mientras se resolvía el expediente o, más habitualmente, dejaban marcharse a la familia entera con una citación a la que rara vez se presentaban. Y así pasaban a formar parte del creciente número de inmigrantes ilegales que viven en el país.

La nueva política de tolerancia cero impuesta esta primavera consiste en hacer cumplir la ley que pena el delito de entrada ilegal también en el caso de que el infractor llegue con niños. De modo que se acusa al adulto de un delito y mientras está envuelto en ese proceso penal se separa a los hijos, como sucede también cuando se encarcela a cualquier ciudadano norteamericano. Por eso ha aumentado también el número de niños en los centros de acogida. Algunas ONG denuncian incluso que hay casos en que o bien los niños o bien los padres acaban deportados por separado.

Ahora mismo, el presidente Trump está exigiendo al Congreso que solucione la situación y los demócratas le exigen que suspenda la política de tolerancia cero. Un buen número de republicanos, desde la ex primera dama Laura Bush hasta el senador Ted Cruz –que no es considerado precisamente como un blando en este asunto–, han criticado las medidas de Trump, considerando que esta separación de padres e hijos es un precio demasiado alto a pagar por hacer cumplir las leyes de inmigración y disuadir la llegada de más inmigrantes.

Aunque hay varias medidas en las dos propuestas de ley sobre inmigración que llevan semanas discutiéndose en los pasillos del Congreso, ahora mismo no parece haber ninguna posibilidad de que sean aprobadas. De ahí que el propio Cruz haya propuesto una norma que se encarga exclusivamente de este problema, sin entrar en absolutamente nada más. De aprobarse, se duplicaría el número de juzgados federales de inmigración, se abrirían nuevos centros de acogida, se cambiaría la norma para que las familias puedan permanecer juntas mientras esperan a que se resuelvan los casos penales y se abriría un proceso de sólo catorce días para evaluar una petición de asilo para evitar los efectos del decreto Flores. Pero no se sabe siquiera si Mitch McConnell, presidente de la Mayoría, aceptará que pase a debate y menos aún si Trump lo firmaría en caso de ser aprobado.