Barack Obama no ha tenido más remedio que permitir que ruede la cabeza del jefe del Servicio Interno de Impuestos (IRS), tras destaparse el escándalo de persecución al Tea Party.
El anuncio es el primer paso tomado directamente por Obama ante la revelación de que el IRS, la entidad recaudadora de impuestos de EEUU, hizo un excesivo escrutinio a grupos de tendencia conservadora, tras las investigaciones lanzadas por el Departamento de Justicia y el FBI.
"Es inexcusable. El pueblo estadounidense tiene derecho a estar enfadado, y yo estoy enfadado", dijo Obama en una declaración desde la Casa Blanca, justo después de reunirse con el secretario del Tesoro, Jack Lew, y otros funcionarios de esa agencia para analizar el informe del Inspector General del IRS que destapó las prácticas.
Por instrucción de Obama, Lew solicitó y "aceptó" hoy la renuncia del comisionado interino del IRS, Steven Miller, que dirigía de facto la entidad desde noviembre del año pasado y que, según medios estadounidenses, conocía las prácticas desde mayo de 2012.
El propio Miller confirmó, en un mensaje a sus empleados, que abandonará su cargo "a principios de junio" porque "hay una necesidad fuerte e inmediata de restaurar la confianza pública en la agencia de impuestos del país".
De acuerdo con Obama, la medida estará acompañada de "nuevas medidas de prevención para asegurarnos de que este tipo de comportamiento no pueda volver a ocurrir" y de la orden de "implementar de inmediato" las recomendaciones del informe.
"Todos creemos que lo revelado en el informe es indignante. La buena noticia es que puede arreglarse. Y nos interesa a todos trabajar juntos para arreglarlo", dijo en referencia al Congreso, que ha programado varias audiencias sobre el asunto.
Años de "demonización"
La respuesta inmediata de uno de los líderes en esa investigación, el republicano Darrell Issa, fue positiva. "Es un primer paso extraordinariamente bueno", dijo Issa, que preside el comité de Supervisión del Gobierno en la Cámara de Representantes, a la cadena CNN.
"Le tomamos la palabra de que quiere ser abierto y transparente" en el asunto, agregó el legislador. En la misma línea reaccionó el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que advirtió que si Obama está "tan preocupado por esto como dice", debe trabajar de forma transparente con el Congreso, "sin bloquear el acceso a nada, sin dar medias respuestas, sin retener a testigos" para las audiencias.
Más crítico se mostró el presidente del partido republicano (RNC), Reince Priebus, para quien "simplemente permitir la renuncia" de Miller "no es suficiente". "Esto es claramente un chivo expiatorio que evita responder las verdaderas preguntas sobre una información que se ha sabido dentro de la administración desde hace más de un año. ¿Quién en la Casa Blanca sabía qué y cuándo? Si hace ya tiempo que lo conocían, ¿por qué no se tomaron acciones antes", dijo Priebus en un comunicado.
"El presidente aún debe a los estadounidenses una disculpa, especialmente a los grupos afectados. Ha pasado años demonizándolos. No puede negarse que creó una cultura en su administración que animaba a perseguir a estos grupos. Debe asumir la responsabilidad por lo que ocurrió", agregó el presidente del RNC.
Contra "Tea Party" y "Patriota"
De acuerdo con el informe, el IRS seleccionó para una revisión especial a cerca de 300 grupos que habían solicitado una exención de impuestos, de los que 72 llevaban como nombre alguna alusión al movimiento conservador "Tea Party", 13 tenían la palabra "patriota" y otros 11 mencionaban "9/12", en referencia al "Proyecto 9/12" del columnista conservador Glenn Beck.
El anuncio de hoy llegó horas después de que Miller asegurara, durante una reunión con líderes del Congreso, que la agencia había identificado y sancionado a dos empleados de la oficina del IRS en Cincinnati (Ohio) que fueron responsables del manejo "excesivamente agresivo" de los grupos conservadores, según informó la cadena CNN.
El escándalo del IRS es sólo uno de los tres casos que han acentuado esta semana la imagen de secretismo de la Casa Blanca de Obama, junto al espionaje de los registros telefónicos de la agencia Associated Press (AP) y las renovadas acusaciones del Congreso sobre su gestión del atentado de septiembre en Bengasi (Libia).