LD (Agencias)
Jesús Eduardo Cabrera, presidente de la Sala Constitucional , leyó el decreto en el que se ordena la restitución de Henry Vivas como director de la PM y dejó sin efecto la resolución del Ministerio del Interior y Justicia que designó al comisario Gonzalo Sánchez Delgado como director encargado. Este nombramiento fue considerado como una violación de carácter constitucional “que atenta contra el orden público al existir una indebida designación” en la PM. El texto ordena también la salida de los funcionarios que por más de dos meses han mantenido tomado e inoperativo el sistema de comunicaciones de la Policía y con el “uso de la fuerza pública si fuera necesario”.
También ordena al alcalde Alfredo Peña asistir a las reuniones de coordinación que en menos de 15 días debe convocar el Ministerio de Interior y Justicia, y en el que debe participar todos los cuerpos de seguridad, y el gobernador de las entidades que conforman el Distrito Metropolitano. En esa reunión deberán evaluar la “situación que dio lugar a la resolución 567 así como los planes y políticas destinados a subsanarla”.
El fallo reconoció que antes de la emisión de las resoluciones del MIJ que produjeron la intervención de la PM se conoció del conflicto que llevó a la toma del centro de comunicaciones y que posterior a las mismas decisiones, integrantes de la Fuerza Armada tomaron las instalaciones de ese cuerpo policial. Se estableció que cualquiera de los componentes de la FAN, especialmente la Guardia Nacional pueden cumplir con funciones de seguridad ciudadana en caso de necesidad, bajo la coordinación previa del Consejo de Seguridad Ciudadana.
También ordena al alcalde Alfredo Peña asistir a las reuniones de coordinación que en menos de 15 días debe convocar el Ministerio de Interior y Justicia, y en el que debe participar todos los cuerpos de seguridad, y el gobernador de las entidades que conforman el Distrito Metropolitano. En esa reunión deberán evaluar la “situación que dio lugar a la resolución 567 así como los planes y políticas destinados a subsanarla”.
El fallo reconoció que antes de la emisión de las resoluciones del MIJ que produjeron la intervención de la PM se conoció del conflicto que llevó a la toma del centro de comunicaciones y que posterior a las mismas decisiones, integrantes de la Fuerza Armada tomaron las instalaciones de ese cuerpo policial. Se estableció que cualquiera de los componentes de la FAN, especialmente la Guardia Nacional pueden cumplir con funciones de seguridad ciudadana en caso de necesidad, bajo la coordinación previa del Consejo de Seguridad Ciudadana.