El Gobierno aprobó este viernes la derogación del trasvase del Ebro y su plan alternativo mediante un real decreto ley, una decisión que recurrirán ante el Tribunal Constitucional los Ejecutivos de las comunidades de Valencia y Murcia, donde se registraron algunas
protestas. Además, el Gobierno ha anunciado que denegará la
concesión de aguas del Ebro que piden Valencia, Murcia y Almería.