La presunta “normalización lingüística” predicada por algunas comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña, Galicia o Baleares, todas ellas gobernadas por nacionalistas y por socialistas en coalición con los primeros, ha permitido un ataque constante a la lengua castellana, bajo el pretexto de la pluralidad y el bilingüismo.
Desde la llegada al poder de Touriño a Galicia y de Antich a Baleares, sus políticas lingüísticas no tienen nada que envidiar a los Gobiernos de Cataluña y País Vasco, precursores en esto de la inmersión total. De hecho, la compañía aérea Air Berlín ha sido testigo de cómo el Ejecutivo balear quería imponer el catalán a las azafatas y a los trabajadores de esta empresa. Y por no ceder al chantaje nacionalista esta compañía sufrió duras críticas de los sectores más nacionalistas.
Igualmente, en Galicia, socialistas y nacionalistas del BNG, aprobaron un decreto que imponía el gallego en la enseñanza, algo que también sucedió en el País Vasco. Que no hubiese consenso y que causará la división no fue problema para que saliera adelante.
Los defensores de esta persecución total al castellano han tenido en la enseñanza una de sus principales prioridades. Es aquí donde la lucha por defender una verdadera libertad lingüística ha sido mayor y también más difícil. En Cataluña, los niños de Primaria siguen sin recibir la tercera hora de castellano a la semana que obliga la ley, y todo ello a pesar de las sentencias que obligan a la Generalidad a cumplir con esta normativa.
Pero la cosa no ha sido mejor en Baleares donde varias asociaciones han denunciado la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. Incluso a los pequeños se les obligaba a hablar en catalán en los recreos. Y fue exactamente esta Comunidad la elegida por los Reyes para inaugurar el curso escolar, precisamente en un colegio en el que no se puede estudiar en castellano.
Sin embargo, no sólo la educación ha sido objetivo primordial para los nacionalistas. Tanto los comerciantes como los funcionarios públicos han podido vivir en sus carnes las consecuencias de no utilizar las respectivas lenguas cooficiales tanto como les gustaría a sus dirigentes.
De hecho, la Generalidad ha realizado numerosas denuncias a comerciantes que rotulaban sus tiendas y comercios en castellano, multas por las que han tenido que pagar cientos de euros. Algo similar ocurre en Galicia, donde el ejemplo catalán es muy utilizado, y en la que se ha preparado una ley del comercio que les obliga a utilizar el gallego. Y es por ello por lo que los empresarios han alertado en numerosas ocasiones de las consecuencias nefastas que estas políticas tendrán en la economía de dichas regiones y en el turismo.
Pero tal es el grado de esperpento que se está viviendo con respecto a la primacía de las lenguas regionales que para conseguir una plaza como funcionario se premia mucho más el manejo del catalán, el gallego o el vasco que la posesión de un máster.
Sin embargo, estos ataques al castellano ha provocado una reacción no esperada por los nacionalistas. Los defensores de la lengua oficial en todo el territorio español han salido de las catacumbas y han denunciado estos ataques organizándose en plataformas, realizando manifestaciones y promoviendo un manifiesto a favor del castellano que recogió decenas de miles de firmas, muchas de ellas llegadas de lectores de Libertad Digital. Y todo ello, sin un apoyo sincero de los dos principales partidos políticos de ámbito nacional.